viernes, 18 de septiembre de 2009

Dos opciones, sólo dos (Armando Méndez Morales)

No está en discusión el sistema económico que regirá en Bolivia en los próximos años, gane quien gane en las elecciones de diciembre de fin de año, no es la agenda económica el problema fundamental de la Bolivia de hoy, y, por tanto, no debe ser lo determinante al momento de tomar la decisión de por quién votar. Lo que está en discusión es la agenda política: o seguimos la influencia perniciosa del chavismo y del castrismo para acabar muy mal, o reconducimos la nave del Estado para perfeccionar la construcción de la democracia representativa, la implantación de un Estado de Derecho, el respeto a los derechos de propiedad y la correcta administración de justicia. Esta es la base sobre la cual se jugará el próximo partido entre el oficialismo socialista y la oposición que tendrá que asumir posiciones liberales, si quiere realmente distinguirse de lo que propone el gobierno.

Y este proceso se irá dando en los meses siguientes de manera acelerada. Se observa nítidamente que quien está encabezando y tomando la posición liberal, para las próximas elecciones, es el binomio Reyes Villa- Fernández frente al oficialismo socialista con la dupla Morales- García.

Con acierto Manfred Reyes Villa ha declarado que su objetivo político central es apuntar a la modificación de la contradictoria, ampulosa y transversalmente indigenista Constitución Política del Estado, para garantizar la igualdad de los habitantes de este país ante la ley, recuperar la calidad de ciudadano para todos los habitantes de esta tierra, calificativo substancial que otorgaba la anterior carta magna y en consonancia con el carácter de República, nombre eliminado también de manera anticonstitucional. Reyes Villa tiene plena conciencia que mantener la reciente y peligrosa desigualdad étnica introducida en la nueva Constitución, reaprobada y negociada, de manera ilegal, en el Congreso Nacional, puede ser fatal para la pervivencia de la nación boliviana.

Falsa es la dicotomía que se presenta en Bolivia entre “izquierda” y “derecha”. Por razones culturales y prejuicios nadie quiere declararse de derecha, --me corrijo, hay un joven dirigente político paceño que se está proyectando y que se proclama como tal, pero es la excepción y no la regla--. En el país todos se reclaman de izquierda, hasta la democracia cristiana que en cualquier parte del mundo es considerada como una agrupación política conservadora, en el país se proclamaba de izquierda. Y en verdad ambos términos han perdido contenido. En el pasado se asumía que quién era de izquierda era progresista, que conocía los avances de las ciencias sociales, y aquel que era de derecha era tradicionalista, prefería mantener lo conocido y no aventurarse en lo desconocido. En la realidad, hubo izquierdas que, cuando se hicieron cargo de gobiernos, hicieron barbaridades, estatizaron todo lo que pudieron, desconocieron los derechos humanos y destruyeron la economía.

La verdadera distinción ideológica es entre socialismo, por un lado, y liberalismo por el otro, y no entre izquierda y derecha. En el pasado hubo socialismos tanto de izquierda como de derecha. En el mundo tenemos ejemplos de socialismo de izquierda; en la ex URSS con el Partido Comunista, y socialismo de derecha, en Alemania con el Nacional Socialismo. En Bolivia, hubo un socialismo de izquierda encabezado por el MNR y uno de derecha encabezado por la desaparecida Falange Socialista Boliviana. Hoy, el socialismo de izquierda lo encarna el MAS y el de derecha los curitas y acólitos de la Teología de la Liberación. Y todos estos socialismos son un desastre porque van en contra de la naturaleza del hombre en su camino de evolución, y desconocen los avances de la ciencia económica.

El pensamiento liberal clásico perdió vigencia en el mundo durante el Siglo XX y como consecuencia tanto de la victoriosa revolución comunista en Rusia, primero, y luego por el desastre económico mundial que significó la Gran depresión de los años 30 del siglo XX. Estos hechos determinaron el retorno del Estado como actor importante en las economías nacionales, como había sido lo dominante en el pasado. América Latina y Bolivia no estuvieron al margen de las influencias de estos hechos. En particular, en Bolivia prácticamente desapareció el pensamiento liberal para ser sustituido con fuerza por el nacionalismo y el socialismo. Por ahí, aislado, estaba René Ballivián proclamando, en el desierto, las ideas liberales que eran calificadas de derechistas.

El denominado ciclo “neoliberal” que surge en Bolivia desde el año 1985 no es un fenómeno que surge de la intelectualidad boliviana, sino que es impuesto por la dura realidad surgida antes, como consecuencia de la hiperinflación. Luego vinieron las derivaciones del Consenso de Washington, por el que se cierran las ventanillas de financiamiento de los organismos internacionales de fomento que utilizaban las empresas públicas bolivianas. Esta es la verdadera razón que obligó a los gobiernos “neoliberales” de los años 90 a la privatización de las empresas públicas, porque estaban condenadas a desaparecer una vez que ya no contaban con financiamientos genuinos para la realización de sus inversiones. La alternativa hubiese sido que el Banco Central sustituyese esta fuente de financiamiento, pero la consecuencia hubiese sido la alta inflación permanente en el país.

El ciclo “neoliberal” se caracterizó por impedir que retorne al país la elevada inflación, pero no pudo impedir la continua expansión del gasto del gobierno deficitario, financiando con endeudamiento externo que el país no pudo devolver, por lo que el mundo le condonó la deuda, condonación que la favoreció al gobierno de Morales. La tasa potencial de crecimiento económico no superó el 4 por ciento anual.

Este triste panorama económico se debió a que los “neoliberales” dejaron en el olvido el Estado de Derecho y la correcta administración de justicia como función fundamental de todo Estado moderno. El Estado de Derecho quedó como una formalidad que llevó a la proliferación de la economía de mercado informal y, desde la fundación de la república, pendiente la agenda de la justicia.

Todo esto le lleva a uno a pensar que quienes vinieron como “socios estratégicos”, tanto para el proceso de capitalización de empresas públicas como de su privatización, fueron bucaneros ansiosos de la ganancia fácil, más que respetados inversionistas extranjeros. En este escenario no se puede dejar de suponer que fue un proceso corrupto. Un solo ejemplo basta para pensar que fue así, el desastroso caso del LAB. ¿Cómo es posible que un día antes se cambiase por decreto que un solo postor bastaba para privatizar el LAB, cuando la Ley de Capitalización no lo permitía? ¿Cómo es posible que los contratos hechos con las empresas petroleras fueran secretos de Estado? ¿Cómo es posible que existiese un anexo especial por el cual las empresas petroleras privadas financiaban, con recursos que pertenecían al Estado boliviano, lo que ellos querían? La inversión extranjera respetada no se dirige a países donde no rige el Estado de Derecho ni las leyes, se dirigen a los lugares donde esto se respeta, aunque sean gobiernos autoritarios, como el de China continental que es donde se concentra la inversión extrajera mundial.

Si queremos construir instituciones, un país donde sean las leyes que nos gobiernen y no los caprichos de un ocasional caudillo que llega a la presidencia de la República, debemos tener una Constitución Política que se cumpla y no que se quede en el papel, como sucederá con la reciente constitución política aprobada, si es que queremos mantener la paz y la unidad del país. Únicamente una constitución que una al país y no lo divida, que refleje su realidad, un lugar de millones de pequeños propietarios, todos ellos intercambiando pacíficamente bienes y servicios en los mercados, nos llevará a enfrentar el gran reto de la modernidad que es la estructuración de un verdadero Estado de Derecho. Un país donde se respeten plenamente los derechos y libertades de todos los individuos que moran en el país, y el debido proceso judicial, cuando el tema amerite su acción, y no como consecuencia de la criminalización a la acción política de la oposición, como lo es ahora. Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández tienen la oportunidad.

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