DEMOCRACIA
Esta cantidad de votos extranjeros admitidos en la elección nacional supera en una proporción de siete a uno la población votante del departamento de Pando (31.711 electores).
Uno de los rasgos novedosos e irritantes de las próximas elecciones generales será la incorporación del voto de los bolivianos residentes en el exterior para elegir al Presidente del Estado Plurinacional y la distorsión que introducirá en los resultados electorales. En este sentido, el voto extranjero será definitivo para resolver la elección o reelección del próximo Presidente. Si bien la Constitución y la ley han legalizado el voto en el exterior, este derecho recientemente reconocido constituye una violación de los derechos de los ciudadanos bolivianos residentes en el país. Quienes vivimos en Bolivia y no tenemos la oportunidad ni el deseo de emigrar, viviremos bajo la autoridad de un gobierno elegido en el extranjero, por votos provenientes del extranjero. Lo paradójico es que el Presidente electo con la ayuda del voto de los residentes en el exterior no gobernará para ellos sino para los residentes en nuestro país.
La actual CPE, en su artículo 27, establece de manera puntual que las bolivianas (nos) residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones para la Presidencia y Vicepresidencia del Estado y en los demás procesos electorales señalados por ley. El derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el Órgano Electoral. Complementa esta disposición constitucional el Régimen Electoral Transitorio en su artículo 43 y subsiguientes. Estos antecedentes legalizan el voto en el exterior, es cierto, pero la cantidad de votos y/o ciudadanos que podrán habilitarse para votar en el exterior es el elemento que introduce la distorsión y viola los derechos de los bolivianos en Bolivia.
En una decisión sin argumentos claros ni sólidos se ha determinado que 6% del padrón electoral, equivalente a 211.000 votos de bolivianos residentes en el exterior, se incorpore a la masa de votantes para elegir al próximo Presidente. Esta cantidad de votos extranjeros admitidos en la elección nacional supera en una proporción de siete a uno la población votante del departamento de Pando (31.711 electores); es superior a la cantidad de electores de Oruro (200.982), Tarija (177.306), Beni (128.479), y similar a los electores de Chuquisaca (211.706).
La adopción del 6% de los votos en cuatro países (Argentina, Brasil, España y EEUU) no es una decisión ni sugerencia del Órgano Electoral, que está haciendo esfuerzos extraordinarios para cumplir con la ley sancionada por el actual Congreso de la República. No puede sino dar cumplimiento a la ley.
El interés que existe tras este atentatorio derecho reconocido a los bolivianos residentes en el exterior es el cálculo político electoral. Se presume que la intención de voto de los bolivianos residentes en el exterior es tendencialmente favorable al binomio presidencial. Los trapitos sucios y las tendencias autoritarias de nuestro actual Gobierno no trascienden las fronteras sino la imagen de un gobernante indígena de buenas intenciones que no puede gobernar por la actitud racista de las oligarquías criollas. No conforme con el 6%, equivalente a 211.000 votos adicionales para su reelección, el Gobierno intenta incrementar este porcentaje hasta límites groseros. El reconocimiento de derechos ciudadanos de ninguna manera debe significar la violación, eliminación o sustitución de derechos reconocidos a otros grupos sociales.
* Politólogo y catedrático
ccordero@estudiosdemocraticos.org
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