Vientre gestor de una intolerancia (Mario Rueda Peña)

Un último informe sobre las libertades de prensa e información contabiliza numerosos atentados a ambos derechos en varios países de América Latina. Lamentablemente, en la nómina figura Bolivia. Con razón, porque a todos nos consta que en los tiempos actuales aquellos espacios, a pesar de su rango constitucional, son blanco de numerosas violaciones…

Constituye elemento esencial de toda democracia el derecho a la libre emisión del pensamiento. Acudir sin tropiezos a la fuente de la información, divulgado correctamente a ésta a través de los medios de comunicación social; analizar críticamente cuanto hacen los protagonistas de hechos y procesos del acontecer nacional, tanto de los que transitan por el poder político, cuanto de quienes desde abajo esperan su turno para hacerlo, entre otras cosas, configuran tan preciadas libertades.

¿A qué se debe que en pleno siglo XXI, algunos gobiernos de América Latina estampen tan manifiesta repulsa a los citados derechos, en despliegues retóricos y medidas arbitrarias contra los medios y sus reporteros? Las dictaduras fascistas de Alemania e Italia, en la década del 40 del siglo pasado, expurgaron de adversarios los espacios generadores de opinión pública nacional. Consideraban que de este modo allanaban el camino hacia la hegemonía política total. Para el sanguinario y desquiciado Hitler, este objetivo, en nombre de la “raza germánica” y de su pretendido “rol histórico”, apuntaba no sólo a Europa, sino a todo el mundo. Tanto así que incorporó hasta el propio altiplano boliviano al mapa de áreas sometidas al III Reich. Planeaba convertir la meseta andina en un gigantesco aeropuerto desde el cual despegaran miles de aviones nazis en operaciones de apoyo a invasiones y tareas de control…

Los gobiernos de países latinoamericanos acusados de violar las libertades de prensa e información no son ni fascistas ni comunistas. No hay nada en su retórica ni en sus políticas de Estado que les asocie a Marx o Lenín. Aunque echen sapos y culebras al neoliberalismo, estructuralmente hablando, no han renegado de la economía de mercado. Solamente la ajustaron a ciertos perfiles de capitalismo de Estado, pero nada más. Les caracteriza un esquema más político que económico. Se igualan en la pretensión de regir en todo y sobre todos, por largos tramos electorales. A este fin readecuan el orden constitucional a tal objetivo estratégico, respecto al cual la reelección presidencial, en lo posible, por tiempo indefinido, constituye básica pieza metodológica.

En todos los países de América Latina existen leyes que regulan el ejercicio de las libertades de prensa e información, estableciendo sanciones para cuantos hagan mal uso de ellas. En Bolivia, hay la vía ordinaria y una especial (jurados de imprenta) para juzgar a cuantos desde los medios cometan delitos tipificados por el Código Penal. Nadie, desde del Gobierno, opta por esta alternativa, problemática, por cierto, toda vez que con ella no pueden penalizar así nomás a los operadores de la información, simplemente porque no les guste cuanto digan u opinen. Corresponde el castigo a quienes únicamente adulteren la verdad o cometan otros delitos que desnaturalicen su oficio.

En definitiva, esa vocación hegemónica que con careta democrática irrumpe en ciertos países de América Latina, constituye el vientre gestor de la intolerancia a las libertades de prensa e información.