Los estafadores de siempre (Humberto Vacaflor)

Unos vivos que ofrecían pagar hasta 20% de interés mensual a los ahorristas, y que acaban de desaparecer junto con los ahorros de cientos de incautos, no inventaron nada. Esto lo vivió el país en los años 80 y es muy raro que las autoridades del sector no lo hubieran detectado a tiempo.

Un funcionario de Asoban dijo que, en este caso, no se trata de falta de regulación, sino de control. La regulación existe, y es una de las más severas porque, en efecto, fue elaborada después de las traumáticas estafas de hace tres décadas.

Hay algunos elementos que permiten comparar estos dos momentos, el de ahora y el de los años 80. Quizá se pueda establecer un patrón para entender en qué momento surgen estos estafadores.

Se necesita, como telón de fondo, un clima de incertidumbre política y de inseguridad para las inversiones. Por ejemplo, que exista un trauma político que no termine de parir una nueva realidad, como ocurría en los 80 y como ocurre ahora.

En ese clima, la gente no invierte. Ahora, por ejemplo, según datos del presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Enrique García, la tasa de inversión en Bolivia es de 13% del PIB. El ministro de Economía, Luis Arce, dice que esa tasa es de 17%. De todos modos, el promedio de América Latina está por encima de 26%, muy lejos de ambas cifras.

Es decir que tenemos la tasa de inversión más baja de la región. Eso significa que los ahorristas tienen miedo de invertir en iniciativas económicas, están preocupados por la muy baja tasa de interés de los bancos, y quisieran encontrar alguna fórmula para hacer que su dinero rinda más.

Tanta incertidumbre habrá sobre el clima de inversiones en Bolivia que el Rey de España, interpretando también a los bolivianos, preguntó al presidente Evo Morales sobre las seguridades jurídicas para las inversiones.

Las seguridades que dio el presidente Morales a su colega Borbón (ambos odian la palabra república) no coinciden con la realidad. Mientras el caudillo boliviano hablaba con el monarca español, los ayllus del altiplano estaban preparando nuevas ocupaciones de minas de propiedad privada.

Por lo tanto, las seguridades del gobernante boliviano no son muy seguras. Quizá por eso la Repsol decidió invertir en Bolivia, tras la gestión real, 1.600 millones de dólares en cinco años, un monto insignificante comparado con los que invierte en otros países de la región.

Es que la Repsol tiene otras opciones para invertir, comenzando por Cuba, un país serio que cuando da garantías es porque el partido comunista lo ha ordenado. Además, Cuba es una nación (no 36) con un Estado con autoridad indiscutible sobre todo su territorio. Eso ayuda.

En cambio, nuestros ahorristas no tienen tantas opciones, ni aquí hay un Estado ni un partido serio como en Cuba. Y caen en las trampas de las financieras.

El panorama empeora si la Autoridad Financiera, como se llama ahora la Superintendencia, está ocupada en otras cosas. Vienen los cazadores de incautos, ponen sus trampas, hacen sonar unos cantos de sirenas bien disimulados, y a cosechar.

El narcotráfico puede pagar tasas de interés muy altas, dicen los conocedores (lo decían también en los ochenta). Pero estamos hablando de un sector que tampoco puede dar seguridades. Es el verdadero blindaje de la economía boliviana, hace aportes a la política, pero todavía sigue proscrito.

Moral individual y moral política (Carlos D. Mesa Gisbert)

Uno de los debates más intensos y profundos en torno a la ética humana es el referido a la diferencia entre moral individual y moral política. Los principios y valores que forman parte de los derechos humanos universales, dicen unos, son de inexcusable cumplimiento por todos, independientemente del lugar que ocupen e independientemente del poder que tengan. Hay razones de Estado y bienes mayores, dicen otros, que en ocasiones explican –cuando menos— las decisiones que personas de Estado toman en beneficio de la mayoría, violando derechos y garantías de unos pocos. Algunos van más lejos; hay oportunidades –afirman— en que la pérdida de algunas vidas humanas es el precio inevitable que hay que pagar para garantizar el presente y el futuro de toda una sociedad.

Estas reflexiones complejas y que colocaron en verdaderos dilemas a quienes creemos en los valores universales y los derechos de los seres humanos, son parte esencial del gran desafío ético que hicimos en Bolivia a partir de octubre de 2003, no porque fuera entonces en que se produjo por primera vez en democracia la violación de derechos y garantías ciudadanas, sino porque ese fue el momento culminante de un proceso de violencia creciente desde el Estado que cobró muchas vidas.

Pero la vida no es el único valor sagrado que ha estado en juego en el país en el marco de la democracia, lo está la libertad de expresión y la libertad individual. La controversia sobre si actualmente algunos presos son presos por delitos comunes o presos políticos, tiene plena vigencia. La posición frente a estos hechos puede ser cualquiera, y cualquiera tiene derecho a defender la moral individual o la moral política, siempre que sea con coherencia, con integridad y honestidad intelectual y sobre todo ética. Lo único que no es admisible es el doble rasero para juzgar a unos y otros de acuerdo a la circunstancia y al momento.

La “luz del cambio” que el Presidente Morales dice encarnar (literalmente, encarnar) está encegue- ciendo demasiado tiempo a algunas personas relevantes como para seguir pasando el asunto por alto. Quienes de modo explícito e inequívoco declararon públicamente su adhesión y militancia en defensa de los derechos humanos universales, de la ética como práctica indispensable y se jugaron por defender estos principios, no pueden hoy “descubrir” esos valores “superiores” que convierten en aceptable lo que antes calificaban como un crimen.

Los políticos con larga tradición en la militancia partidaria han aprendido que el ejercicio de su actividad se mueve en un mar de grises, y la experiencia me ha enseñado que ese mar vale aun en las naciones más avanzadas en su institucionalidad democrática. La diferencia es que en esas naciones hay una alta posibilidad de que quien vulnera derechos y garantías ciudadanos sea juzgado y condenado, o removido democráticamente del cargo, o en el peor de los casos, termine dos mandatos y nunca más vuelva a hacer política. En cambio, en algunas naciones latinoamericanas adscritas al “socialismo del siglo XXI” encaramos el difícil trance de vivir experiencias que nos deparan el discutible privilegio de que nuestros hijos o nietos vean morir en su lecho a quienes por alguna extraña razón creyeron o creen que sin ellos todo el proceso que promovieron se hundiría.

Humillar a un periodista frente a todo el país viola un derecho humano y viola la libertad de expresión, matar a ciudadanos que se manifiestan contra el Gobierno viola el sagrado derecho a la vida, meter en la cárcel a alguien sin el debido proceso, aun en el supuesto de que haya cometido un delito, es violar sus derechos y garantías individuales, poner una bomba en un canal de Tv de la oposición es terrorismo, disparar contra un periodista de la oposición “accidentalmente” amerita una investigación inmediata y la suspensión del responsable directo del hecho, matar a tres supuestos terroristas, prohibir el ingreso de medios y de abogados de las víctimas al lugar de los hechos durante catorce horas es una violación flagrante de derechos consagrados por la Constitución. Someter al Poder Judicial a un acoso y acusaciones tales que acaben destruyéndolo o inhabilitándolo, es un golpe de Estado “suave”, pero golpe de Estado, aun aceptando que podamos debatir sobre la idoneidad de los miembros de ese Poder Judicial, pues con ese mismo criterio subjetivo tendríamos derecho de dudar de la idoneidad y honestidad de los ministros que el Presidente nombra discrecionalmente.

Las preguntas son muy simples ¿Por qué, derechos universales defendidos a capa y espada cuando gobernaban los mal llamados “neoliberales”, dejan de serlo, o son matizados, o se disfrazan con buenos argumentos cuando quien vulnera esos derechos es “revolucionario”? ¿Estamos dispuestos a seguir creyendo que la “revolución” y el “cambio” lo justifica todo? ¿Hay derechos que sólo se reclaman cuando quien los viola tiene una determinada ideología? Luchar por los derechos humanos, con esa lógica, podría ser también entendido como una coartada ideológica para desestabilizar a un determinado gobernante.

¿Quienes defendieron derechos humanos y quienes criticaron a los “genocidas neoliberales” han perdido la voz? ¿Se han vuelto sordos y ciegos? ¿Es verdad hoy como ayer, que “unos son más iguales que otros”?

Y la pregunta de fondo. ¿Podemos aceptar que quienes sufrieron por generaciones la violación de sus derechos, garantías, libertades y la pérdida de la propia vida de sus antecesores en manos de los opresores, tienen justificativos para violar derechos, garantías, libertades y vidas, hoy, dada la acumulación centenaria de los vejámenes sufridos? Si la respuesta es sí, acabaré aceptando que la razón y la moral política derrotarán siempre a la razón y a la moral individual. Si eso ocurre, nuestra libertad será entregada a la “razón de Estado” con el aval de quienes a la hora de la verdad anteponen sus visiones subjetivas a sus valores esenciales.

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El autor es ex presidente de Bolivia, periodista, historiador y político.
Fuente: La Razón

Transparencia (Claudio Ferrufino-Coqueugniot)

NADA QUE DECIR


¿A quién creer? ¿Las noticias de la prensa y las estadísticas, o las maniobras mefistofélicas del gobierno para mostrar una Bolivia corriendo rauda hacia el Primer Mundo?

Harry Truman no fue individuo de mis predilectos, por cierto, pero hay algo extraordinario en su ascetismo sajón. El hombre que gobernó los destinos del mundo, que autorizó Hiroshima, salió de la Casa Blanca tan pobre como había entrado. Hazaña tal sería inconcebible en Bolivia, donde el erario público es botín de entrada y el resto para quien busque y encuentre, para quien sea tan vivo de quedarse con él.

La administración Morales continúa con la triste tradición nacional, y no pasa desapercibido el hecho de que el enriquecimiento ilícito es tarea prioritaria de la revolución. Quedaron en la nebulosa los camiones de Pando; se los reemplazó por la "humanitaria" grandeza del régimen, con la dotación de tierras a los pobres instituida desde arriba y manejada por asnos notables como Alejandro Almaraz y concubinos. Pareciera transparente lo noble de esta actitud si no estuviera viciado el entorno de principio, con una verticalidad asiática que mezcla extrañamente doctrinarios indígenas con indigenoides, blanco y negro, hombría y pederastía, día y noche, como si fuese el país del yin yang, pero, en su caso, del yin yang ruidoso de una cama casi desmantelada –Bolivia-- donde no sabemos si los amantes aman o se pelean.

El simbolismo casi mágico que otrora tuviera la revolución se ha perdido por completo. Es palabra inaplicable a la realidad boliviana, para la cual habrá que buscar nuevos conceptos, ajenos a la lógica occidental o a cualquiera.

Aquí, y lastimosamente son viñetas folklóricas, los "revolucionarios" degüellan perros en Achacachi. En unos días los mismos elementos de esa masa embriagada por alcohol, coca y aditamentos diversos donde priman la ignorancia y la brutalidad, se lanzarán a bloquear caminos en contra del Apu Mallku, porque éste no quiere concederles suficientes representaciones.

Cada cual por su lado, haciendo lo que le venga en gana, sin dar cuenta de nada a nadie, tergiversando, cambiando, traicionando sus propias inquisiciones según el temporal, despotricando contra España por el genocidio de las etnias americanas y, después, deslumbrados por la platería que los reyes ofrecen con viandas, lamiendo las alfombras del Borbón y asegurando el olvido. Ya no cuentan para un perro las patadas que el amo da si, en algún momento, este amo acaricia la hirsuta pelambre original de su mascota. En instante tal se borra la historia de los pueblos, porque en la Bolivia de hoy, y en la de siempre por desgracia, ha sido la vanidad, no el talento ni la razón ni el conocimiento, el plato de cada día.

¿Qué transparencia puede existir en cielo cargado de nubarrones? ¿Cuál en una febril república que traduce como cambio la dimisión de ladrones como Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por la subida de dudosamente juiciosos latapukus y tamborileros de cuartel?

¿Y qué decir de las listas de senados y diputaciones? Eso ya es como alguna vez lo dije: un cuadro de Hieronymus Bosch, con un jardín de delicias mayor que todas las tentaciones de San Antonio, donde los políticos de turno ante preguntas políticas responden con el colorido de la culinaria valluna poniéndose a mugir acerca de la venta de charques (¿?).

Habrá que encomendarse a San Expedito, patrono de las causas urgentes, como la única expedita solución.

Carlos Mesa: No es tan fácil que se imponga el socialismo del siglo XXI

El ex presidente boliviano considera que la política de América Latina es más compleja de lo que parecía. Destaca la importancia de los partidos


El ex presidente de Bolivia Carlos Mesa considera que la política en América Latina es mucho más complicada de lo que parecía, por lo que no es tan simple afirmar que el llamado socialismo del siglo XXI se imponga en la región.

Aunque advirtió que tampoco hay que decir que el modelo propuesto por Hugo Chávez fracasará, recordó que en Latinoamérica hace poco se pensaba que se impondría esa idea.

"Suponíamos que cualquier presidente de orientación izquierdista rápidamente se iba a alinear con posiciones radicales. Suponíamos que la derecha había perdido espacio para la próxima década", recordó Mesa, que estuvo en Caracas el viernes, invitado al foro de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Dijo que demuestra lo contrario la aparición de candidatos como Sebastián Piñera en Chile, el debilitamiento del matrimonio Kirchner en Argentina y la posibilidad de un triunfo de centroderecha en Brasil con José Serra en las próximas elecciones presidenciales.

"La región empieza a responder a ciertos proyectos que buscan la hegemonía. Creo que Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen gobiernos con posibilidad de permanencia en el tiempo. No porque vayan a imponerse dictatorialmente. Van a cerrar espacios de libertad, pero van a seguir ganando en el voto", explicó.

Considera que América Latina no conocía experiencias como éstas y criticó la búsqueda de soluciones fáciles e inmediatas. "Abstenerse no funciona, polarizar tampoco. O reconstruyes un sistema de racionalidad o perderás sistemáticamente en los próximos años. Eso vale para Ecuador, Bolivia y Venezuela. No vale para Chile o Brasil, que son realidades distintas", dijo.



Partidos y medios

El ex gobernante insistió en que los partidos tienen que reaparecer para entrar en la lucha política.

"Hay que desplazar ese poder de los medios como los únicos instrumentos de la oposición", agregó.

Exhortó a entender que hay una razón por la que los gobiernos de izquierda tengan un porcentaje de popularidad importante y no simplificarla. "Hay algunos mecanismos que estos señores están tocando que funcionan. Tenemos que responder con una mentalidad nueva, en lo político, en lo mediático y en lo ético. Si nos atrincheramos en las cosas que hemos defendido siempre y que funcionaron antes y ahora no, nos equivocaremos", expresó.

Mesa criticó a los medios de comunicación latinoamericanos que sólo buscan atraer más público, sin importar la programación que transmiten.

"Siguen jugando al rating y al share. Siguen actuando de una manera poco responsable al no darse cuenta que contribuyen a la idiotización de la sociedad que no permite una visión crítica ante lo que tienes que afrontar", destacó.

Fuente: http://apesardelamiopia.blogspot.com

Plebiscitos de bolsillo (Waldo Peña Cazas)

TAL COMO LO VEO


Pronto menudearan encuestas y sondeos anticipando el triunfo de tal o cual candidato, y la pregunta es de cajón: si estos procedimientos tienen rigor científico, ¿por qué no adoptarlos oficialmente y dejar de gastar tanto dinero en dudosos torneos electorales? Pero, ¿cuán confiables son estos plebiscitos de bolsillo, aún suponiendo que no apunten a influir en las decisiones del electorado, como un instrumento de presión psicológica para desvirtuar el voto consciente?

Aún con el sustento del rigor matemático, anticipar resultados puede ser un fiasco por muchas razones: en los pueblos mal educados y poco informados las opiniones y actitudes políticas nunca son bien definidas ni permanentes. El altísimo porcentaje de votantes indecisos y una veleidosa masa electoral pueden alterar la balanza a último momento; pero hay algo más: las inevitables guerras sucias, que a último momento pueden destruir la imagen del candidato más pintado.

Los sondeos pueden hacernos tragar píldoras cuadradas disfrazadas de información científica, pues la parte no es el todo, y expresar una verdad matemática con cifras estadísticas fragmentadas llamadas “muestreos” equivale a mostrar astillas como si fueran el árbol. El procedimiento puede ser útil para la investigación en el campo social; pero no es un misterio que se puede demostrar estadísticamente cualquier maravilla o barbaridad que se quiera demostrar. Se habla, por ejemplo, de un ingreso per cápita elevado que hace suponer la prosperidad de algunos pueblos; pero los lindos porcentajes están sólo en los bolsillos de un puñado de oligarcas y políticos. ¿Cuál es el ingreso per cápita en Bolivia? Los tecnócratas meten en la misma talega a gordos diputados con gruesas cuentas bancarias y a campesinos hambrientos que nunca han visto ni verán un dólar.

No digo que los porcentajes y las fracciones de unidad carezcan de valor; pero son abstracciones matemáticas y no expresiones de una realidad tangible. Nos dicen que en Bolivia hay una mujer y pico por cada varón, sin aclarar si ese pico va de la cintura para abajo o para arriba. En el aberrante lenguaje tecnocrático, hay en Bolivia hay un octavo de televisor por habitante, y cada media mujer dispone de seguro social, de modo que todas están condenadas a morirse a medias.

La técnica de estos procedimientos consiste en reducir la realidad a promedios y porcentajes para demostrar una proposición usualmente preconcebida y tendenciosa. No es una mera contabilidad, ni una enumeración, descripción o estudio de una realidad, sino un intento de alterar esa realidad fraccionándola, poniendo números, conceptos y personas en una sola masa, como datos macroeconómicos arbitrarios. Así, se nos sugiere que el candidato Fulano ganará porque está metido en el corazón del pueblo, quizá por mandato divino o como cosa del Destino; pero es como en el fútbol: los resultados no dependen de los pronósticos ni del cálculo de probabilidades, pues los favoritos podrían hacer un papelón como la Selección Nacional en las Eliminatorias. Estadísticamente, tres bolivianos por día mueren en accidentes, y cualquier candidato podría ser uno de ellos, aunque otras estadísticas lo pongan ya en el trono.

Hay verdades incontrovertibles porque están de moda, aunque sean absurdas. En tiempos de Copérnico, cualquier encuesta de opinión habría demostrado que este científico era un bruto y que el planeta Tierra era plano. Siempre hay verdades consagradas, y en tiempos de oscurantismo político o religioso es más fácil empañar la mollera de las masas que iluminarla.

Evo crece en el oriente y baja en La Paz

GENERAL • El 60% de los pobladores de las ciudades del eje central aprueba su gestión.



En septiembre, la aprobación al presidente Evo Morales subió a 60% respecto al mes de agosto, con la particularidad de que el apoyo creció en Santa Cruz en 7% y bajó en 3% en La Paz, considerada su principal bastión.

El último informe de opinión elaborado por la empresa Ipsos, Apoyo Opinión y Mercado, concluye que el 60% de 1.024 personas encuestadas en las cuatro ciudades más pobladas del país (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) aprueba a Morales, fundamentalmente debido a los bonos que otorga su Gobierno. En agosto lo apoyaba el 56%.

Ya en el desglose, el 39% de los cruceños aprobó su administración, 7% más que en un mes antes, mientras que en La Paz el 77% opinó lo mismo, 3% menos que en agosto. Además, se aprecian crecimientos en las ciudades de El Alto (84%; +4%) y Cochabamba (56%; +11%)

“En directa relación, el nivel de aprobación de la gestión del gobierno también muestra un crecimiento y alcanza el 59% de aprobación (+6%)”, señala el informe de opinión de Ipsos.

Las razones de desaprobación de la gestión de Morales (36% a nivel general, 60% en Santa Cruz, 40% en Cochabamba, 19% en La Paz y 9% en El Alto) son dispersas. Los encuestados señalan razones como el hecho de que el Primer Mandatario no gobierna para todos, genera racismo, divide el país y confronta a los departamentos.

En el caso del vicepresidente, Alvaro García Linera, su nivel de aprobación a nivel general también creció del 51 al 54%.

Respecto a los prefectos, el de Santa Cruz, Rubén Costas, mantiene el respaldo del 66%; Pablo Ramos, de La Paz, bajó del 49 al 47% y Jorge Ledezma, de Cochabamba, del 43 al 37%.

El estudio fue realizado entre el 10 y 18 de septiembre en las ciudades del eje troncal y sus estimaciones tienen un margen de error de +/- 3%.

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Fuente: La Razón

El proceso electoral en La Prensa

Bolivia en las Naciones Unidas (Paulovich)

UN ocupa las plazas y el MAS se acerca al empresariado paceño
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· Muspa ya cuenta con candidato a Vicepresidente y es del oriente
· Reuniones y redes sociales en internet, para llegar al exterior

Casi una hazaña (Editorial de La Prensa)

Los incrédulos de ayer ahora se muestran demasiado optimistas y exigentes. El Presidente quiere que se registre a cinco millones de electores y eso sería obligar al OEP a hacer un milagro.


Una nueva aspiración: 3,8 millones de votantes. Es la que pretende el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) —si es que hay tantos electores todavía no inscritos— luego de haber realizado casi una hazaña al sobrepasar el cálculo inicial de inscritos antes del tiempo previsto para el cierre de los registros. Ésta es una demostración de eficiencia que muchos, pero especialmente el oficialismo, apoyado por un senador opositor incrédulo, pusieron en seria duda al iniciarse el proceso.

Fue tal la desconfianza que el Presidente de ese órgano electoral dimitió, probablemente para no comprometerse, porque no creyó, con la categórica afirmación de Antonio Costas, entonces segundo en esa entidad, quien aseguraba que en el poco tiempo que restaba para las elecciones, trabajando con decisión y poniendo el mayor esfuerzo posible, se lograría empadronar a los 3,5 millones de bolivianos que votaron en enero en el referéndum sobre la Constitución Política del Estado.

El oficialismo estaba seguro de que ante el fracaso del empadronamiento biométrico, debería aplicarse un padrón mixto, añadiendo al digital el padrón manual, ése que había generado tantas sólidas sospechas de fraude.

Costas asumió la presidencia del ente electoral y, con su gente, salió airoso del desafío. Cumplió con lo que parecía imposible y ahora va más allá para demostrar que tenía razón a pesar de los malos augurios.

Los incrédulos de ayer ahora se muestran demasiado optimistas y exigentes. Tanto así, que intentan cambiar las reglas de juego. El Presidente del país quiere que se registre a cinco millones de electores y eso sería obligar al OEP a hacer un milagro. Este organismo está para hacer los máximos esfuerzos, como los ha hecho hasta ahora. Puede incluso hacer hazañas, pero milagros… no.

Para garantizar la transparencia en las elecciones, el Gobierno debería hacer más bien que los sectores sociales que lo apoyan desistan de sus dictatoriales acuerdos comunitarios del voto consigna. No hay nada más autoritario que obligar a la gente, bajo amenazas de drásticos castigos, a votar por quien no quiere. Tendría que concienciar a la sociedad, especialmente rural, de que debe practicar la democracia que es el mayor sinónimo de libertad. Si no hay libertad, no hay democracia, y si no hay democracia, ¿de qué cambio en democracia se está hablando?

Democracia también es respetar el derecho de los adversarios a realizar sus campañas políticas donde quiera que vayan; es no impedirles entrar a determinadas poblaciones, sean rurales o urbanas; es no agredir ni emplear la violencia. No es cuestión de decir “somos demócratas” y actuar autoritariamente como en las mejores épocas de la dictadura cuando estaba prohibido disentir.

Las fuerzas del orden deberán también cumplir con su deber de garantizar el ejercicio de la democracia en todos los confines del

país, haciendo que los candidatos puedan hacer campaña sin riesgos en aquellos que se han convertido en feudos de ingreso prohibido.

Las élites del poder (Guillermo Capobianco Ribera)

Las élites del poder en Bolivia, aquéllas que se forjaron en la lucha clandestina contra las dictaduras militares y acompañaron junto al pueblo el proceso de retorno a la democracia, fueron devastadas junto al sistema político por la ‘marea’ electoral de diciembre de 2005.

Si de revolución democrática quiere hablarse, es ineludible hacer referencia al desplazamiento de las élites políticas en el ejercicio del poder gubernamental.

Las élites expresivas del sistema multipartidario fueron desplazadas y reemplazadas por una nueva, que es la que conduce actualmente los destinos del país.

Los nuevos gobernantes, consecuentes con la filosofía política que sustentan –el comunitarismo indigenista–, están en pleno proceso de implantación de su proyecto.

La nueva élite del poder tiene la ventaja de utilizar todos los recursos e instrumentos del Estado, sin distinguir aquello que es patrimonio de la sociedad en su conjunto y lo que es del Gobierno bajo el respeto de ciertas normas.

La nueva élite del poder conduce el proceso de implantación de su proyecto intentando, fiel a su ideología, sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo de economía y de sociedad.

Los resultados de ese intento, luego de un periodo de gobierno, han sido relativamente exitosos en cuanto a la tarea de destruir el entramado institucional del antiguo régimen conocido en nuestra cultura clásica: el Estado de derecho.

No ha ocurrido lo mismo respecto a las bases estructurales del modelo de desarrollo económico y social en vigencia, que se ha mostrado rebelde a los intentos oficiales de su transformación, sobre todo en el tipo de economía y sociedad que lo sustenta.

Las nuevas élites del poder y en el poder han avanzado en el proceso de implantación de una economía estatal reforzada en las áreas estratégicas como la de los hidrocarburos, la minería, la aviación comercial, los servicios y otros sectores.

Las élites dirigentes del modelo de economía dominantemente privada han demostrado firmeza en la defensa de sus principios y valores y de su forma y estilo de vida frente a la arremetida oficial que controla todos los hilos del poder.

La Feria Exposición de Santa Cruz ha demostrado la realidad de un país que no sólo quiere seguir viviendo en democracia, sino también enarbolando las banderas de un modelo productivo exitoso.

Sin embargo, luego de la devastación del sistema multipartidario, las élites institucionales, empresariales y corporativas han quedado huérfanas de expresión política.

El poder político estatal y gubernamental está concentrado en La Paz, en tanto que el poder económico, financiero, empresarial y corporativo se concentra cada vez más en el oriente, con la gran urbe cruceña como epicentro.

En un país polarizado, con economías y modelos de sociedad contrapuestos, se prefigura un futuro inmediato de mayor confrontación luego de los resultados de la consulta electoral de diciembre o de una pausa concertada de coexistencia democrática entre ambos.

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memocapobianco@gmail.com
Fuente: El Deber

Fallo revolucionario (José Antonio Aruquipa Z.)

Mientras los opositores se estancan en la dispersión, aún sin poder construir una opción creíble y coherente, el MAS ya canta victoria antes de correr y el electorado —especialmente de clase media— se siente abrumado por la confusión.

Como faltan 71 días para la elección y los candidatos aún no han presentado sus propuestas para la aprobación de leyes de desarrollo de la nueva Constitución, aquí les entregamos una sugerencia.

Juan Ticona Mamani y Filomena Cruz Ali de Ticona lograron, sin proponérselo, un fallo del Tribunal Constitucional que puede, si se aprovecha, servir como base fundamental de un proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional que debería armonizar la justicia comunitaria con la justicia ordinaria.

Juan y Filomena, pareja de empresarios aymaras, viajaron a la comunidad de San Juan del Rosario, donde procrearon cuatro hijos y construyeron un hospedaje que comenzó a prosperar rápidamente. ¿El secreto? Trabajo duro y mejor oferta de precios. Mientras los otros hoteles, todos construidos y administrados por la comunidad, cobraban Bs 20 por día de alojamiento, los Mamani tarifaban Bs 15.

Los más de 9.000 habitantes de San Juan del Rosario, en la primera sección Colcha “K”, de la provincia Nor Lípez de Potosí, a cuatro mil metros de altura sobre el nivel del mar, vivían sólo de la producción de quinua y la crianza de llamas, hasta que aprendieron el negocio de la hotelería al verificar que su pueblo es paso ineludible para turistas del Salar de Uyuni y las lagunas Verde y Colorada.

Al constatar que los Mamani persistían con la rebaja de sus servicios, el corregidor Gabriel Cruz convocó al agente municipal Severo Choque y al presidente de la Junta Escolar, Isabelo Choque, a un cabildo de justicia comunitaria; analizaron el comportamiento de los competidores foráneos y determinaron su expulsión con una “carta de agradecimiento” de ejecución hasta el 15 de julio del 2002.

Los afectados acudieron esa misma fecha al Juez de Partido de Uyuni y plantearon un recurso de garantías constitucionales en defensa de sus derechos al trabajo, a percibir justa remuneración, a ingresar, permanecer y transitar por el territorio nacional y a la propiedad privada, reconocidos en la Ley Suprema. El 23 de julio del 2002, la justicia falló a favor de los Mamani. Pero al revisar esa sentencia, el Tribunal Constitucional encargó una investigación sociológica, recurrió al derecho comparado y tomó al toro por las astas para pronunciar varios principios revolucionarios en la jurisprudencia constitucional sobre la administración ancestral de litigios en pueblos originarios.

En la Resolución 0295/2003-R de 11 de marzo del 2003, el guardián de la Constitución reconoció que “en un país con diversas etnias y culturas como es Bolivia, las comunidades campesinas y pueblos indígenas mantienen con mucha fuerza” su justicia comunitaria.

Después de advertir que “las comunidades campesinas y pueblos indígenas no existen aisladas”, el Tribunal Constitucional reconoció la necesidad de “definir los sutiles límites entre el derecho consuetudinario y el ordenamiento jurídico general imperante en el país, sin lesionar ninguno de ellos”.

Para lograr “equilibrio y armonía” entre ambos sistemas, determinó “un punto de convergencia” y dictó que “toda persona tiene reconocidos sus derechos”, pero que “los mismos no son absolutos, encuentran límites en el interés colectivo (…)”. El Tribunal afirmó el amparo, pero pidió a los comunarios que informen por escrito si los Mamani “han adaptado su forma de vida a las costumbres de la comunidad de San Juan del Rosario”.

El autor es periodista y ex constituyente por Podemos.