Sociedad civil: poder y responsabilidad (Erika Brockmann Quiroga)

ESCENARIOS


En línea con mi anterior nota, intentaré perfilar algunas ideas en relación a la creciente influencia y participación de las organizaciones y movimientos sociales/cívicos (OMSC) en la gestión de asuntos públicos que motivan sus legítimas demandas y heroicos impulsos justicieros. Pese a proclamarse no políticos, al hacerlo participan de la política, asumen el rol articulador de intereses diversos, constitucionalmente reservado a organizaciones que compiten por legitimar su acceso al espacio institucional gubernamental.

Hoy, bajo el paraguas del MAS y la regionalización de la política -ésta última en declive-- se concede a las OMSC poderes y prerrogativas que comprometen el interés general pese a que por su naturaleza son volátiles y particularistas en sus exigencias corporativas. Al desbordar e invadir el espacio político siembran dudas sobre su proclamada y deseable independencia del poder gubernamental debiendo sincerar su posicionamiento. Dada esta realidad y cuando de asumir tareas de dominio público se trata, debiera exigirse a sus dirigencias sociales el cumplimiento de ciertos requisitos y normas que en su momento y de manera fallida fueron demandados a los partidos políticos. Me refiero a una institucionalidad que cuente con mecanismos de defensa de sus afiliados, que obligue a su dirigencia a rendir cuentas sobre sus recursos, a censurar prácticas despóticas antidemocráticas internas a fin de no reproducir los males que cuestionaron a los partidos políticos.

Lo cierto es que, dado el empoderamiento de las OMSC y su capacidad de movilización e incidencia en definiciones políticas habría que demandar que una futura ley de Control Social incorpore el principio de corresponsabilidad de quienes, mediante presiones terminan arrancando compromisos gubernamentales, muchos de ellos imposibles de cumplir y fuente de nuevas broncas y frustraciones ciudadanas. Me refiero a una normativa que obligue a los líderes de movimientos sociales a compartir, junto a las máximas autoridades ejecutivas de gobierno, las responsabilidades administrativas, ejecutivas, civiles y/o penales derivadas de eventuales ilegalidades forzadas y/o emergentes de conflictos de alta intensidad por ellos provocados.

De haber contado con una norma similar entre los años 2000 y el 2005, tiempos de protestas, insurrección y desestabilización de gobiernos del pasado, habría sido posible desnudar con mayor objetividad las responsabilidades de unos y otros frente a los lamentables hechos de sangre vividos. Denunciar el mal uso del poder Estatal y del Poder Social hace parte de la democracia.

Soy una convencida de que la superposición de Estado y Sociedad, de roles de gobernantes y gobernados, puede adoptar rasgos totalitarios y distorsionar el sentido de la democracia participativa. Lo cierto, es que la mala política o los malos políticos, no pueden, ni deben ser reemplazados por las OMSC ni sus dirigentes, sino que la única manera de hacerlo es reposicionando a la buena política, renovando sus practicas y asumiéndola sin complejos y con todas sus consecuencias. Esta reflexión es relevante en tiempos de debilidad y de transición del sistema político, con un MAS dominante cuyas OMSC enarbolan su superioridad moral frente a todo actor político, para mas tarde ejercer su poder sin responsabilidad alguna. El problema radica en la reproducción de mañas y en la negación de sus responsabilidades cuando de ejercicio de poder social, en y desde la calles, se trata.

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erikabrockmann@yahoo.com.mx
La autora es psicóloga, politóloga y ex parlamentaria.