Elecciones y recursos del Estado (Editorial de La Prensa)

Se entra en una línea sospechosa cuando ese periplo es también utilizado para captar votos y hacer campaña. Lo hemos visto recién. Lo vemos permanentemente dentro y fuera de Bolivia.

Durante muchos años estuvo vigente en Bolivia una norma legal que ahora lamentablemente no se aplica más. Nos referimos a aquella que prohibía elegir a personas que estaban ocupando un cargo público. Como se recordará, quienes deseaban presentarse como candidatos a cualquier posición adquirida con el voto del pueblo debían renunciar previamente a sus funciones por lo menos con 90 días de anticipación. Esa disposición anulaba —o por lo menos reducía en alto grado— cualquier posibilidad de uso indebido de los recursos del Estado durante la campaña electoral del candidato, sea cual sea el rango de su candidatura.

Traemos esto a colación ante el espectáculo que hoy observamos, donde desde el “caballo del corregidor” —adagio popular adjudicado al gobernante que avanza con ventaja— el Movimiento Al Socialismo (MAS) avanza seguro hacia la meta, ya que los recursos estatales están a su alcance, listos y disponibles en abundancia. No importa cuántas “facturas de gastos” se presenten, el hecho salta a la vista por doquier. El mismo Primer Mandatario de la nación varias veces refutó el uso de recursos del Estado mientras estaba sentado en una silla del Palacio de Gobierno, un evidente recurso estatal, y parte de los bienes fijos que la ciudadanía pone a su disposición para que ejerza las altas funciones encomendadas. Desde esa humilde o lujosa silla hasta el mismo Palacio y la residencia, la cama donde el Presidente duerme, los vehículos de todo tipo que lo transportan, sus comidas, viajes, llamadas telefónicas, el canal oficial de Tv, etcétera, son todos bienes y facilidades para su uso oficial. Son, por definición, recursos del Estado. Eso es innegable.

Agréguese a lo expresado el pago de viáticos y pasajes —o medios de transporte— para viajes o visitas oficiales en el exterior e inauguración de obras u otros actos oficiales en el interior. Mientras las acciones se ciñan al propósito específico, todo muy bien y el uso de los recursos estatales es correcto. Se entra en una línea sospechosa cuando ese mismo periplo es también utilizado para captar votos y hacer campaña. Lo hemos visto recién. Lo vemos en forma permanente dentro y fuera de Bolivia.

El tema es delicado y da para mucho más. Por otra parte, el Gobierno no debería enfurecerse —manifestando su rabia mediante obsequiosos voceros— ante estas sanas críticas con fundamento. Debería más bien hacer una pausa en el camino y trazar una sana estrategia electoralista —para el presidente Morales y quienes lo siguen— sobre la base de una estricta separación entre uso adecuado de bienes del Estado y el mal uso dado en otros casos. Y ello con las sanciones, multas o devoluciones pecuniarias que correspondan.

Esa transparencia en el uso de los recursos del Estado en esta época de plena campaña electoral es lo que el pueblo espera del señor presidente Morales, quien siempre reitera su honestidad y proclama con vehemencia el principio de “corrupción cero”. Así de simple. Ni más ni menos.