El nuevo rol de Santa Cruz

Se diría que las banderas blanquiverdes fueron sustituidas por banderas íntegramente blancas. Las banderas de la paz o de la rendición

Una noticia que en Santa Cruz no ha recibido la atención que merece y en el resto del país ha pasado poco menos que desapercibida, es la relativa las decisiones adoptadas en la más reciente Asamblea de la “Cruceñidad”. El asunto es importante porque marca el inicio del que sin duda será un largo proceso que esa región deberá seguir si quiere recuperarse de las contundentes derrotas que le fueron asestadas por el oficialismo durante los últimos meses.
El rumbo que tome y las formas de acción que elija el Comité Cívico cruceño serán factores que influirán mucho en el futuro inmediato de la actividad política nacional. Es que pese a lo deteriorada que quedó la oposición cívico regional no deja de ser un actor protagónico con suficiente fuerza para que cuanto haga o deje de hacer deba ser tomado muy en cuenta por quienes pretenden influir de algún modo en el futuro inmediato de nuestro país.
En ese contexto lo más relevante resulta ser la forma y el tono con que se deliberó. Según coinciden los reportes de prensa al respecto, fue notable la diferencia en comparación con anteriores asambleas de la “cruceñidad”. Esta vez predominaron los discursos calmos y reflexivos sobre los radicales y los discursos belicosos fueron desplazados por los dichos en tono concertador.
Tan elocuente como lo anterior fue la ausencia de los principales dirigentes regionales que comandaron las luchas durante el año pasado. Es comprensible, pues los fracasos a los que fue conducida por sus líderes la oposición cívica cruceña dieron lugar a pugnas internas y éstas ponían en riesgo la unidad de las principales instituciones de Santa Cruz. Razón más que suficiente para que los derrotados se replieguen y dejen su lugar a nuevos liderazgos, por ahora en estado embrionario.
En lo que al fondo se refiere, se destaca la adopción de una actitud defensiva. La máxima prioridad ahora es armar una línea de defensa legal para proteger a las personas que consideren que sus derechos fundamentales están siendo violados. Se decidió hacer de los estrados judiciales el principal, si no único campo de batalla, y convocar a una marcha ‘por la justicia, la libertad y la democracia’ para el 15 de julio. De autonomía, ya ni hablar. Se diría que las banderas blanquiverdes fueron sustituidas por banderas íntegramente blancas. Las banderas de la paz o de la rendición.
Como se ve, nada que se parezca a lo que se podía esperar hace un año, cuando el Comité pro Santa Cruz obtenía un triunfo tras otro y parecía consolidarse como el núcleo de oposición. Un drástico cambio que hasta ahora no ha recibido la atención que merece de quienes se proponen describir, interpretar y comprender cuanto está ocurriendo en nuestro país.

Un sistema político en ruinas

Patético cuadro que da cuenta de la precariedad de la democracia boliviana y de la ineptitud de quienes actúan en nombre de ella

Según el calendario electoral que rige el proceso que deberá concluir el 6 de diciembre próximo, el pasado jueves feneció el plazo para que las organizaciones políticas obtengan o renueven su personería jurídica y queden así habilitadas participar en el acto.
Concluida esta etapa, la ex Corte Nacional Electoral, hoy Órgano Electoral Plurinacional (OEP), ha informado que son 15 las organizaciones, entre partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, que quedaron habilitadas. Dos de las 17 registradas, ADN y FRI, fueron eliminadas.
A primera vista, podría creerse que tal cantidad de organizaciones políticas --la mayor parte de las cuales se niegan a identificarse como partidos-- es una muestra de lo saludable que está la democracia boliviana. Podría suponerse, incluso, que intermediación entre la sociedad y el Estado es lo que menos falta hace en nuestro país y que la institucionalidad democrática descansa sobre sólidas bases.
Resulta evidente, sin embargo, que esa es una apariencia que en nada corresponde a la realidad. Es que salvo una o tal vez dos excepciones, lo que se esconde tras tal abundancia de siglas es una falacia total. En los hechos, hay en Bolivia una sola organización política digna de tal nombre, el Movimiento al Socialismo, y el MNR, que sin duda aún vive, pero aparentemente en estado vegetativo. Alguna otra, como el Movimiento sin Miedo existe sólo en una ciudad del país, otras dos, como UN y AS no pasan de ser muy pequeños grupos de amigos reunidos alrededor de un aspirante a candidato y todas las demás, la inmensa mayoría, ni a eso llegan.
Esa es una cara de la penosa realidad. La otra es que más de diez individuos han anunciado sus intenciones de ser candidatos a la presidencia del Estado Plurinacional. De todos ellos, sólo uno, Evo Morales, cuenta con una organización política seria que lo respalde. Es decir, tan abundantes como los partidos sin seguidores y sin candidatos, son los candidatos sin seguidores y sin partido. Tal paradoja ilustra con toda claridad el estado comatoso en el que está el sistema político boliviano.
Pero la viveza criolla ya ha hallado la forma de resolver tan paradójica situación, aunque sólo sea en las apariencias. Consiste en una especie de mercado negro de siglas en el que sus propietarios y los aspirantes a candidatos regatean los precios y las condiciones en las que se harán los contratos de compra, venta, alquiler o anticrético. Así nació hace algunos años el MAS.
Ahora les toca a todas las fracciones de la oposición salir a buscar entre los desechos alguna combinación de letras que sirva para simular una organización política que en la realidad no existe. Patético cuadro que explica en gran medida la precariedad de la democracia boliviana.

Los gastos reservados del MAS

Habrá quien se descontente por la mala calidad de las obras, pero será mayor la satisfacción de participar en la “redistribución de la riqueza”

Entre los muchos temas que fueron muy hábilmente esgrimidos por quienes combatieron a los gobiernos “neoliberales” de los últimos años, hubo uno que se destacó por la eficiencia con que ilustraba la manera arbitraria como “los políticos”, se enriquecían a costa de los dineros del estado. Era el muy cuestionado tema de los “gastos reservados”.
Con mucha razón, además de un sólido respaldo de cifras, los opositores de aquel entonces enrostraban a los gobernantes los cuantiosos montos que bajo el rótulo de “gastos reservados” eran puestos fuera del alcance de las instituciones fiscalizadoras. Por ser “reservados”, nadie estaba obligado a rendir cuentas, lo que muy fácilmente se prestaba a todo tipo de suspicacias.
Conscientes de lo sensible que era la opinión pública a ese tema, una de las primeras y más publicitadas medidas que adoptaron los nuevos gobernantes fue precisamente la eliminación de “los gastos reservados” del presupuesto gubernamental.
Muy astutamente, sin embargo, tal medida fue acompañada por otra especialmente pensada para llenar el vacío dejado por la eliminación de un medio tan conveniente para la reproducción del poder. Se ´creó el programa “Bolivia Cambia Evo Cumple” financiado por el Gobierno de Venezuela a través de un convenio firmado el 29 de abril de 2006, en La Habana Cuba dentro del ALBA – TCP.
Según los datos oficiales, los montos que ese programa pone a disposición del gobierno de Evo Morales no son nada extraordinario. Apenas unos cuantos cientos de millones de dólares, según algunos cálculos cuya precisión es imposible verificar pues precisamente una de las características del programa es su falta de transparencia. Por eso, nunca se sabrá cuál es exactamente la cantidad de dinero tan libremente administrada.
Sin embargo, más que la magnitud de los recursos que el programa pone a disposición de los seguidores de Morales, lo importante es la forma en que lo hace. Una forma que consiste en abrir una enorme cuenta de “gastos reservados” mucho más grandes y muchísimo más reservados que los de otros tiempos.
En esas circunstancias, no resulta nada sorprendente la proliferación de denuncias sobre malos manejos, sobre nuevas fortunas particulares, sobre obras que se desmoronan antes de ser entregadas. Son las consecuencias obvias de una manera de dejar la administración de tan cuantiosos recursos al libre arbitrio de los militantes del MAS, con la única condición de que den constantes pruebas de su lealtad al “proceso de cambio”.
Tampoco es difícil suponer cuáles serán las consecuencias políticas de la democratización de los “gastos reservados”. Habrá quien se descontente por la mala calidad de las obras, pero será mayor la satisfacción de participar activamente en tan original procedimiento de “redistribución de la riqueza”.

Proyecciones electorales

Si la oposición pretende evitar un rotundo triunfo del MAS, tendrá que hacer algo drástico para cambiar el curso del proceso

Según los resultados obtenidos por tres encuestas realizadas durante las últimas semanas en las principales ciudades de nuestro país, el futuro político boliviano, si no ocurre algo extraordinario, ya se puede prever. La fórmula electoral del Movimiento al Socialismo,
encabezada por Evo Morales y Álvaro García Linera volverá a imponerse por un amplio margen y no habrá oposición capaz de contrarrestar su fortaleza en las urnas.
La encuesta realizada por Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, la más fidedigna de las tres, dados los antecedentes y prestigio internacional de la empresa, le asignan el 47% de las intenciones de voto al presidente Evo Morales. En el segundo lugar estaría Víctor Hugo Cárdenas, con el 9%. Samuel Doria Medina, con el 7%; Rubén Costas, con el 6%. Finalmente, en un lugar más marginal aún, figuran Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, ambos con el 5%.
Las otras dos encuestas, aunque difieren ligeramente en los detalles cuantitativos, coinciden en el dato fundamental: la popularidad de Evo Morales está prácticamente intacta, mientras la de sus potenciales rivales prácticamente por los suelos.
El dato, de por sí significativo, lo es más aún si se considera que los sondeos se hicieron exclusivamente entre habitantes de las principales ciudades capitales del país, lo que deja fuera de las proyecciones a la población rural la que, como todos saben, apoya al MAS en una proporción mucho mayor que en las ciudades. Si se considera que durante los últimos meses el partido oficialista ha logrado grandes avances en pos del control monopólico de la actividad política en las áreas rurales, no es difícil suponer que en las actuales circunstancias el MAS podría obtener una victoria con un porcentaje superior al 60%.
Ante tal posibilidad, algunos dirigentes políticos que se niegan a ver la realidad han reaccionado como era de prever. Han atribuido los datos que comentamos a una supuesta confabulación urdida entre el Gobierno y quienes realizan las encuestas. Se esmeran en mantener viva una ilusión de popularidad que sólo existe en la imaginación de quienes pretenden aplicar a la política métodos que son propios de la especulación mercantil.
Otros aspirantes a candidatos, felizmente más serios, buscan en los datos de las encuestas alguna pista que les ayude a tomar decisiones. Algunos, es de esperar, terminarán resignándose a buscar nuevos rumbos, mientras los que sobrevivan a este pulseo pre electoral tendrán que buscar una sigla que los acoja.
Como se ve, es muy poco alentador el panorama que se perfila en el horizonte de la oposición democrática. Si la oposición pretende evitar un rotundo triunfo del MAS, tendrá que hacer algo drástico para cambiar el curso del proceso. Y hacerlo ya, porque el tiempo se agota.

La política, clave del éxito o del fracaso

Chile y Uruguay, con sus respectivos éxitos, enseñan la importancia de la política y de los partidos políticos para la buena marcha de un país


Según el estudio “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno”, que el Banco Mundial presentó el lunes recién pasado. Hay dos países latinoamericanos que se destacan entre los 212 que son objeto de evaluación por el organismo internacional. Se trata de Chile y Uruguay, cuyos éxitos en materias como participación y responsabilidad, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad del gobierno, cualidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.la lucha contra la corrupción son dignos de ser imitados no sólo por los demás países de la región sino incluso por muchos europeos y asiáticos.
El informe del Banco Mundial no es el único que llega conclusiones tan halagüeñas para ambos países. Desde hace ya muchos años los indicadores económicos chilenos se destacan entre los más exitosos del mundo y lo mismo ocurre en áreas relacionadas con el desarrollo humano, como educación, salud, deportes, esperanza de vida, entre muchos otros. Uruguay tiene similares motivos para enorgullecerse aunque, a diferencia de Chile, sus buenos indicadores tienen unos antecedentes que se remontan a muchas décadas atrás.
Una prueba del éxito chileno es que según funcionarios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la institución que agrupa a los países más desarrollados del mundo, Chile podría ser aceptado a fin de año como miembro pleno del selecto club de los 30 países más ricos.
Ante tan elocuentes resultados, resulta pertinente indagar sobre los factores que confluyeron para que Uruguay y Chile se destaquen del resto de la América Latina. Pero entre todos, hay sin duda uno que es el principal, el que creó las condiciones necesarias para que todos los demás se refuercen mutuamente en una dinámica siempre ascendente. Ese factor, la clave del éxito, es la alta calidad de sus prácticas políticas.
Chile y Uruguay a diferencia de otros países de la región, fueron capaces de construir un muy sólido sistema de partidos políticos, cada uno de los cuales es una verdadero pilar de su andamiaje institucional. Son partidos políticos que como no podía ser de otro modo tienen grandes discrepancias en muchos temas, pero ninguna es mayor que un conjunto de coincidencias alrededor de temas básicos, como la economía de mercado y el respeto irrestricto a la institucionalidad democrática.
Algo en lo que todos están de acuerdo, de un extremo al otro del espectro, es en que la solidez de su sistema político es la clave de todos sus demás éxitos, y que los partidos su pilar fundamental. Exactamente lo contrario de lo que ocurre en países como el nuestro, donde la política es la actividad más desacreditada y despreciada nada menos que por sus principales protagonistas.

Dos caminos con diferentes destinos

Ver de cerca lo hecho por Chile y Uruguay y seguir su ejemplo puede ser muy útil para enmendar nuestro propio rumbo

Chile y Uruguay, en un extremo, y Bolivia y Venezuela, en el otro, son los países que figuran como los más representativos de dos maneras diametralmente opuestas de encarar los problemas económicos, políticos y sociales, según la última edición del informe “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno”, que el Banco Mundial presentó el lunes recién pasado.
El estudio, que evalúa la situación de 212 países, mide diversas categorías de gobernabilidad durante el período comprendido entre 1996 y 2008, y está basado en información de miles de organizaciones no gubernamentales y expertos del sector privado y público.
Los seis elementos que definen la calificación de un país son:
participación y responsabilidad, 57,7 a 48,1
estabilidad política y ausencia de violencia, 36,1 a 14,8
efectividad del gobierno, 56,4 a 19
cualidad regulatoria, 61,5 a 15,9
estado de derecho y 45,7 a 12
control de la corrupción.
Por participación y responsabilidad se entiende a la medida en la que los ciudadanos son capaces de participar en la elección de su Gobierno y también es la medida de las libertades de expresión, asociación y prensa. En diez años, este índice cayó en Bolivia de por ciento, aunque subió un punto con relación a 2003.
Estabilidad política y ausencia de violencia es la posibilidad de que un gobierno pueda ser desestabilizado por formas inconstitucionales o violentas, inclusive terroristas. Este parámetro en Bolivia cayó de 36,1 a 14,8 por ciento entre 1998 y 2008.
Efectividad del Gobierno es la medida de la calidad de los servicios públicos y la capacidad de los servidores públicos para resistir presiones políticas, que en Bolivia bajó de por ciento en el lapso estudiado.
Cualidad regulatoria es la habilidad del Gobierno para aplicar políticas y regulaciones que promuevan el desarrollo del sector privado, cuya declinación en el país fue de 61,5 a 15,9 por ciento.
Por estado de derecho se entiende la medida de confianza en el acatamiento de las reglas de la sociedad, incluyendo los derechos sobre la propiedad privada, así como la acción de la Policía y los tribunales de justicia contra el crimen. La caída de este parámetro en Bolivia fue de por ciento durante el decenio mencionado.
El control de corrupción es la medida en la que se ejerce el poder público para que el sector privado genere utilidades e incluye los mecanismos para evitar la corrupción en todas sus formas. Bolivia mejoró este índice con relación a 2003, cuando se ubicó en 22,3 por ciento y cinco años más tarde alcanza 38,2.
Como se ve, son muy elocuentes los datos del estudio. Pero lo son más si se los contrasta con la situación de otros países, como Chile y Uruguay, los dos mejor calificados. Ver de cerca lo que esos países hacen y seguir su ejemplo puede ser muy útil para mejorar nuestro propio rumbo.

Argentina, entre dos caminos

Pocos pueblos del mundo tienen tan claras muestras de lo profundas que pueden llegar a ser las consecuencias de decisiones equivocadas

El próximo domingo, 28 de junio, el pueblo argentino concurrirá a las urnas para renovar parcialmente el Poder Legislativo de su país. Deberán elegir a la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Será, además, como suele ocurrir siempre que se realizan elecciones en medio de una gestión gubernamental, una especie de referéndum en el que la ciudadanía evaluará para aprobar o reprobar la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
La principal consecuencia de la decisión que tome el pueblo argentino será la consolidación o no del proyecto político encabezado por el matrimonio Kirchner, el mismo que tiene entre sus principales características el debilitamiento de las instituciones republicanas y su sustitución por la voluntad de una pareja con aspiraciones dinásticas. Así, Argentina tendrá que elegir entre dar más poder a la pareja que los gobierna o reforzar la democracia representativa mediante un apoyo a los candidatos de la oposición.
Por el contexto y la coyuntura internacional en que se realizará el acto electoral del domingo, el resultado que arrojen las urnas tendrá repercusiones en el escenario político continental. Es que lo que está en juego en Argentina es, en gran medida, la posibilidad de que ese país incline la balanza, actualmente en precario equilibrio, entre dos proyectos de futuro que están disputándose la supremacía en esta región del mundo. Se trata del “socialismo del Siglo XXI” encabezado por Hugo Chávez, y el socialismo democrático cuyo principal líder es Luiz Inacio Lula da Silva.
Hasta ahora, en gran medida debido a que el Poder Legislativo logró poner límite a los ímpetus del matrimonio Kirchner y sus seguidores, Argentina se mantuvo navegando entre ambas aguas. No llegó a alinearse de manera inequívoca con el bloque encabezado por Chávez, pero tampoco dio muestras claras de haber optado decididamente por el más moderado camino escogido por Lula en Brasil, y Vásquez en Uruguay.
La importancia de tal disyuntiva es enorme, pero en el caso argentino tiene especial importancia pues. La rapidez con que Argentina pasó de ser uno de los países más prósperos del mundo a engrosar la lista de los países subdesarrollados del planeta, es un claro ejemplo de lo fatales que pueden ser las consecuencias de los extravíos de un pueblo.
El domingo Argentina tendrá que elegir entre continuar retrocediendo por el camino que conduce a la pobreza, o rectificar el rumbo reforzando los límites que hasta ahora han impedido la plena imposición de un régimen contaminado de todos los vicios del caudillismo populista.

Otra cultura política (Ramón Rocha Monroy)

A mediados de 2004, un grupo de jóvenes investigadores de una conocida ONG buscó 14 líderes indígenas, cada uno perteneciente a una región del país, y nos dimos juntos a escribir sus biografías. Este libro nunca se editó en conjunto, salvo unas cuantas separatas sobre uno que otro de esos 14 líderes, pero la experiencia nos permitió ver que Bolivia tenía una nueva cultura política muy distinta de la que heredamos de dos décadas de democracia pactada. Aun más: resultaba claro que todo ese movimiento ascendente, alimentado desde una base horizontal extensa y contundente, iba a ascender al poder más temprano que tarde.

O sea, que si en diciembre de 2005 Evo no ganaba las elecciones generales con una amplia mayoría, ningún otro Gobierno tenía la capacidad de sostenerse mucho tiempo ante el embate de ese movimiento popular. ¿Dónde radicaba su fuerza? En el cambio radical de usos y costumbres políticas. Líderes como Celima Torrico, Nemesia Achacollo, Nelly Romero, Bienvenido Zacu, Francisco Fernández, Silvia Alemania, Genaro Flores padre e hijo y Román Loayza, de quienes ni se sospechaba que serían grandes operadores políticos, debían su ascenso a un apoyo distinto al que genera el marketing.

Eran gente que se había distinguido en la atención de los problemas de su comunidad, de la más pequeña y local, y por eso habían merecido la confianza de sus iguales, que fueron promoviéndolos, primero a concejalías, luego a diputaciones y senaturías y, por fin, al ejercicio del Gobierno. En el viejo marketing, uno se presentaba ante el electorado mostrando profusa propaganda y exhibiendo sus títulos: Yo estudié en Harvard, yo tengo experiencia, yo puedo sacar al país de la crisis. La nueva cultura política es la negación del yo, la negación del ego. Si uno se presenta al electorado como un distinguido profesional o un político iluminado, lo más probable es que salga tostando, pues el electorado ahora confía en quienes ha conocido desde sus primeras armas, desde la lucha por obtener agua potable, energía eléctrica y otros servicios públicos para sus comunidades, y no confía en quien desconoce, por más que aparezca en grandes avisos que publican los medios.

Es particularmente conmovedora la historia de las mujeres indígenas, su lucha por participar en los problemas de su comunidad, que debe sortear dos obstáculos: el del marido y el de las obligaciones hogareñas. Aun así, es una constante el entusiasmo con el que asisten a las reuniones y asambleas para ejercer esa forma de democracia que no pasa por el voto (el contento de los que ganan y el descontento de los que pierden), sino por el consenso: todos juntos y convencidos. Deben lidiar con sus maridos y con la gente de su propia comunidad, pero al fin demuestran su habilidad para negociar ventajas para su colectividad y ganan el apoyo de todos para ser promovidas a concejalas, diputadas, senadoras o ministras.

Las verdaderas revoluciones se dan en el cambio de estructuras simbólicas, en el imaginario de las personas, que orienta sus usos y costumbres. Habrá quienes sigan con la vieja cultura política, pero es dudoso que tengan éxito electoral.

* Escritor y columnista

ramonrochamonroy@gmail.com
Fuente:

La elección del Presidente (Carlos Cordero Carrafa)

El sistema electoral boliviano fomentaba un “alto arrastre”, pues con un solo voto se elegía en la misma papeleta y el mismo día, todo el Parlamento y el Poder Ejecutivo.

Se produce por efecto de la sumatoria de votos obtenidos por cualquier candidatura, en la circunscripción nacional única. Esto es, como resultado de la agregación de los votos obtenidos por los partidos o candidaturas, en todas y cada una de las nueve circunscripciones departamentales y contabilizando sólo los votos válidos emitidos en la franja superior de la papeleta de votación.

Es una particularidad de nuestro sistema electoral y forma de gobierno que con los votos emitidos por la ciudadanía en la franja superior de la papeleta de dos franjas, se elija tanto el Poder Ejecutivo (Órgano Ejecutivo, CPE 2009) como una parte importante del Poder Legislativo (Órgano Legislativo, CPE 2009). Es así que con el voto destinado a la elección del Presidente se elige simultáneamente la totalidad del Senado de la República (Cámara de Senadores, CPE 2009) y 60 miembros de la Cámara de Diputados, de un total de 130 cargos que forman dicho ámbito legislativo.

En la teoría electoral, este diseño produce el fenómeno político conocido como “arrastre”, que puede tener como variedades un “alto arrastre”, “mediano arrastre” y “bajo arrastre”. Esto significa que las características y la propaganda electoral de la candidatura presidencial arrastran tanto la orientación del voto ciudadano como la organización de dos órganos del Estado (CPE 2009). Por tanto, se produce un “alto arrastre” cuando se elige al Ejecutivo y al Legislativo en la misma papeleta, el mismo día y con el mismo voto. Se producirá un “mediano arrastre” si se eligen dichos órganos en dos papeletas separadas, con dos votos y el mismo día. En cambio, se produce un “bajo arrastre” si el ciudadano elige al Presidente y Legislativo en dos papeletas individualizadas, con dos votos y la votación ocurre en dos días diferentes.

Hasta antes de las elecciones de 1997, el sistema electoral boliviano fomentaba un “alto arrastre”, pues con un solo voto se elegía en la misma papeleta y el mismo día, todo el Parlamento y el Poder Ejecutivo. A partir de la reforma constitucional de 1994 y las modificaciones a la Ley Electoral consiguientes, transitamos hacía un sistema de “mediano arrastre”. Pues el ciudadano cuenta con dos votos; una papeleta de dos campos, superior e inferior; un campo inferior para la elección de diputados uninominales y un campo superior para la elección del 60% del Poder Legislativo (senadores y diputados plurinominales) y vota el mismo día.

En síntesis, la elección del Presidente no es un hecho aislado de la elección del Órgano Legislativo, se halla fusionado. Esto produce un reforzamiento de la característica presidencialista de nuestro sistema de gobierno y arrastra la intención de voto del ciudadano. Los electores, en rigor académico, no elegimos senadores ni diputados plurinominales de manera separada o individualizada, sino que al votar a favor de una candidatura presidencial, con esta decisión y voto, colateralmente, elegimos representantes nacionales.

Este diseño podría cambiar y otorgarse al ciudadano una mayor responsabilidad e influencia política si pudiera elegir Presidente, senadores, diputados plurinominales y diputados uninominales, en la misma papeleta, en campos diferenciados y el mismo día. Todo depende de la voluntad política, pedagogía y una mayor confianza en el ciudadano.

* Politólogo y catedrático

ccordero@estudiosdemocrativos.org

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