Movimientos sociales empoderados: ¿responsables? (Erika Brockmann Quiroga)

Inspira estas líneas el recuerdo de la emblemática ‘Guerra del Agua’, la misma que abrió un ciclo de inestabilidad, vaciamiento y desborde del sistema político en el país. Fue un hito que derivó en el colapso de las organizaciones partidarias desplazadas progresivamente por organizaciones y movimientos sociales cuyo empoderamiento los perfila hoy como protagonistas de la política.

Es curioso. Ese hecho constituye una referencia que se estudia en prestigiosas universidades del exterior por haber sido un poderoso campanazo para que las agencias de cooperación internacional revisen el modelo financiero ‘antisubsidios estatales’ a inversiones de servicios públicos como la provisión de agua. Fue una lección memorable para el fundamentalismo neoliberal hoy interpelado.

Diez años después en Cochabamba no hay agua. Los pobres siguen pagando el agua más costosa a desaprensivos empresarios aguateros; mientras que otros vecinos, individual o colectivamente, optan por la perforación de pozos que les agencien una solución particular a costa de reservorios de aguas subterráneas y de más deterioro ambiental.

También con bélica nomenclatura, la ‘Guerra del Gas’ liderada por organizaciones y movimientos sociales del El Alto, produjo cambios políticos y normativos notables, aunque, seis años más tarde constatamos no sólo que hay menos gas, sino que Bolivia dejó de ser el centro energético estratégico de la región. En fin, conflictos similares abundan. La historia se repite, haciendo del país escenario experimental innovador de iniciativas que en el exterior orientan soluciones pero que, a juzgar por sus resultados domésticos, son más que fallidas.

Usualmente, el ímpetu de las multitudes concluye en extensos acuerdos suscritos por autoridades asfixiadas por la presión, conscientes de que simple y llanamente son imposibles de cumplir. En fin, las heroicas jornadas reivindicativas, además de anotar victorias pírricas y engordar la mitomanía nacional, tienen derivaciones político institucionales que obligan a un análisis más profundo.

En medio de las revueltas contra la institucionalidad e ineficiencia estatal, las dirigencias sociales crecen, se visibilizan para luego pasar del legítimo control social al ‘complot social’ y desde ahí catapultarse a algún cargo político montado en la ola de su popularidad. Otros persisten en el rol permanente de símbolos de la rebeldía e interpelación al poder institucional, sin responsabilidad alguna ni guitarra que tocar.

Aquí, surge la pregunta del millón. Dado su empoderamiento, ¿son capaces los movimientos sociales y sus dirigencias de asumir la responsabilidad política que entrañan sus heroicos impulsos justicieros?¿pueden por sí mismos, garantizar la capacidad de gestión pública de intereses generales y del bien común?,¿podrán reemplazar el rol agregador y articulador de intereses diversos sincerándose con la política y políticos a los que dicen despreciar? ¿dadas sus aspiraciones y responsabilidades, estarían sus notables y vigorosos dirigentes dispuestos a cumplir una eventual norma que regule su vida interna, la rendición de cuentas, y mecanismos de defensa de sus bases de los chantajes y maltrato de dirigentes prepotentes, como en su momento lo fue la ley de partidos políticos? ¿funcionaría una ley de control social que, a modo de ‘safco popular’, los haga corresponsales de las consecuencias prácticas de las medidas políticas inducidas mediante legítimos e ilegítimos procedimientos que terminan sembrando más ineficiencia e ingobernabilidad? Estas interrogantes tienen sentido en tiempos de escasez de agua y de ideas. Volveré sobre el tema.
Erikabrockmann@yahoo.com.mx

Vientre gestor de una intolerancia (Mario Rueda Peña)

Un último informe sobre las libertades de prensa e información contabiliza numerosos atentados a ambos derechos en varios países de América Latina. Lamentablemente, en la nómina figura Bolivia. Con razón, porque a todos nos consta que en los tiempos actuales aquellos espacios, a pesar de su rango constitucional, son blanco de numerosas violaciones…

Constituye elemento esencial de toda democracia el derecho a la libre emisión del pensamiento. Acudir sin tropiezos a la fuente de la información, divulgado correctamente a ésta a través de los medios de comunicación social; analizar críticamente cuanto hacen los protagonistas de hechos y procesos del acontecer nacional, tanto de los que transitan por el poder político, cuanto de quienes desde abajo esperan su turno para hacerlo, entre otras cosas, configuran tan preciadas libertades.

¿A qué se debe que en pleno siglo XXI, algunos gobiernos de América Latina estampen tan manifiesta repulsa a los citados derechos, en despliegues retóricos y medidas arbitrarias contra los medios y sus reporteros? Las dictaduras fascistas de Alemania e Italia, en la década del 40 del siglo pasado, expurgaron de adversarios los espacios generadores de opinión pública nacional. Consideraban que de este modo allanaban el camino hacia la hegemonía política total. Para el sanguinario y desquiciado Hitler, este objetivo, en nombre de la “raza germánica” y de su pretendido “rol histórico”, apuntaba no sólo a Europa, sino a todo el mundo. Tanto así que incorporó hasta el propio altiplano boliviano al mapa de áreas sometidas al III Reich. Planeaba convertir la meseta andina en un gigantesco aeropuerto desde el cual despegaran miles de aviones nazis en operaciones de apoyo a invasiones y tareas de control…

Los gobiernos de países latinoamericanos acusados de violar las libertades de prensa e información no son ni fascistas ni comunistas. No hay nada en su retórica ni en sus políticas de Estado que les asocie a Marx o Lenín. Aunque echen sapos y culebras al neoliberalismo, estructuralmente hablando, no han renegado de la economía de mercado. Solamente la ajustaron a ciertos perfiles de capitalismo de Estado, pero nada más. Les caracteriza un esquema más político que económico. Se igualan en la pretensión de regir en todo y sobre todos, por largos tramos electorales. A este fin readecuan el orden constitucional a tal objetivo estratégico, respecto al cual la reelección presidencial, en lo posible, por tiempo indefinido, constituye básica pieza metodológica.

En todos los países de América Latina existen leyes que regulan el ejercicio de las libertades de prensa e información, estableciendo sanciones para cuantos hagan mal uso de ellas. En Bolivia, hay la vía ordinaria y una especial (jurados de imprenta) para juzgar a cuantos desde los medios cometan delitos tipificados por el Código Penal. Nadie, desde del Gobierno, opta por esta alternativa, problemática, por cierto, toda vez que con ella no pueden penalizar así nomás a los operadores de la información, simplemente porque no les guste cuanto digan u opinen. Corresponde el castigo a quienes únicamente adulteren la verdad o cometan otros delitos que desnaturalicen su oficio.

En definitiva, esa vocación hegemónica que con careta democrática irrumpe en ciertos países de América Latina, constituye el vientre gestor de la intolerancia a las libertades de prensa e información.

El atrincheramiento político demagógico (Oswaldo Ulloa Peña)

Analizando la evolución del desarrollo de las sociedades evidenciamos que aquellas comunidades que han salido de su retraso cultural, económico y social son las que han pintado sus ideologías de forma rupestre en las “cuevas del olvido” y hecho florecer fuera de las cavernas el mundo de las relaciones con otras comunidades que dependen y se interrelacionan unas con otras para lograr el motor del desa-rrollo. Un país como Bolivia no puede vivir atrincherado en un modelo político anacrónico y demagógico que plantea el actual Gobierno porque conlleva en el presente y futuro inmediato mayor desastre económico y por lo tanto pobreza e irrespeto a la propia dignidad humana al encasillarlo en un laberinto de miseria. No podemos circunscribirnos a una falsa ‘panacea’ de relación entre cuatro o cinco países porque es ampliar aún más el subdesarrollo en vez de ampliar el mundo de las oportunidades globales que se esgrimen en el siglo XXI. Por lo tanto, acabar o mitigar la pobreza requiere una red global de cooperación entre los Estados, personas que quizá nunca se conocieron y que no necesariamente confían unas de otras. En todos los rincones del mundo, los pobres se enfrentan a desafíos estructurales que les impiden poner siquiera el pie en el primer peldaño de la escalera del desarrollo y esto por culpa de las malas políticas gubernamentales que en vez de sumar restan mejores días para la población. La mayoría de las sociedades que disponen de buenos puertos, contacto estrecho con el mundo rico, un clima favorable, fuentes de energía adecuadas y libertad pero sometidos al respeto y cumplimiento de la ley han “escapado” de la pobreza. El desafío que debemos hacer frente en el presente siglo es superar la indolencia y la corrupción, pero también superar el aislamiento geográfico e interestatal, el resentimiento de nuestros gobernantes, la enfermedad, la vulnerabilidad a los cambios climáticos y cosas similares con nuevos sistemas de responsabilidad política que puedan garantizar esta labor. Todo dignatario de Estado debe poseer las cualidades de un verdadero estadista que sea capaz de solucionar los problemas actuales y tener alternativas a los problemas futuros. Se debe proporcionar a las comunidades pobres, tanto urbanas como rurales, los instrumentos para el desarrollo sostenible y no utilizarlos como “pongos” votantes exclusivamente. Hay que tener la capacidad de crear verdaderas políticas económicas de Estado para no vivir de las remesas extranjeras ni dinero sucio del narcotráfico. El Gobierno en su conjunto debe plantear y ejecutar planes, sistemas, responsabilidad mutua y mecanismos de financiación para atraer capitales frescos extranjeros y generar inversión en los diversos servicios públicos que requiere la gente pero brindando seguridad jurídica a las partes contratantes. Para la realización de estos planes se requiere de valentía, el realismo y el sentido de responsabilidad con los más desfavorecidos.

Un sillón para varios candidatos

A menos de seis meses para las elecciones de Gobernador, todo parece indicar que Rubén Costas tendrá al frente otros candidatos de su propio sector, que le pueden mermar su votación. Es sabido que el prestigioso constitucionalista Juan Carlos Urenda fue un cercano colaborador del actual prefecto y que ahora aspira a ser su rival en los comicios de abril del próximo año. También el ex compañero de campaña de Costas, el agropecuario Jorge Aguilera, adelantó en las últimas horas que será candidato a Gobernador de Santa Cruz por Autonomía para Bolivia, la agrupación ciudadana que encumbró al prefecto. ¿Qué ha pasado para que tanto Urenda como Aguilera decidan no sólo abandonar a Costas, sino tomar su propio rumbo y competir con el líder departamental? No se conocen detalles, pero hay un evidente distanciamiento. Lo que habría que analizar a estas alturas es si tal fragmentación del proyecto autonomista que llevó a la Prefectura a Rubén termina o no de favorecer al proyecto del MAS, que apunta a controlar el nuevo Gobierno departamental. Si el prefecto busca la reelección, tendrá que reflexionar sobre las razones que motivan a Aguilera y Urenda a abandonarlo y a buscar su propio espacio político. También debe empezar a retomar la vocación de aglutinamiento de sectores que le dieron en su mejor momento tanta fuerza. Por lo demás, el MAS afina su candidatura y su estrategia, lo mismo que Freddy Soruco, con el MNR.
El atrincheramiento político demagógico

Fuente: subeditorial de El Deber

La campaña de los puñetes y los palazos (Editorial de El Deber)

Desde la recuperación de la democracia, hace más de 25 años, no se tiene recuerdo de una campaña electoral tan pobre y, por si fuera poco, empañada por la violencia como la que actualmente discurre hacia la cita ciudadana con las urnas el próximo 6 de diciembre y cuando muchas cosas trascendentales estarán en juego para el país y su gente. Por si fuera poco, a la ausencia de propuestas claras y convincentes que deberían exponer los aspirantes en liza, se agrega el hecho de que el candidato-presidente que corre con bastante ventaja utilizando todos los medios habidos y por haber a su disposición, se niega rotundamente a debatir con sus oponentes a los que opta por descalificar o mirar por encima del hombro, aunque no disimula su nerviosismo al hacerlo de boca.

Pero indudablemente, lo peor de todo es el creciente empleo de la violencia que vaya a saberse en qué va a parar cuando esté cada vez más próxima la fecha de los comicios y se atiranten al máximo las tensiones. Las agresiones entre bandos oponentes se han vuelto una penosa constante y en la demostración más palmaria del clima polarizado y de confrontación que ha sido estimulado desde el propio Gobierno que con tal de perpetuarse en el poder, no parece importarle mucho que los bolivianos terminen rompiéndose la crisma o peor, borrándose del mapa.

Los enfrentamientos con una frecuencia y virulencia cada vez mayores se han producido y se siguen dando en diferentes regiones. Ni su condición ha librado a las mujeres de recibir agresiones. Incluso un niño resultó con una pierna fracturada durante una gresca desatada en Cochabamba. Hasta se ha registrado la denuncia de un caso de secuestro de un candidato a una circunscripción potosina que fue perseguido y privado de su libertad durante un par de horas.

Santa Cruz no ha sido la excepción como escenario de la violencia política y la mala nota la han dado ‘candidatos’ y ‘candidatas’ que dejan bastante que desear y que bien lejos están de dar la talla como representantes de una región que como ninguna otra de Bolivia y como nunca antes en su historia, está necesitada de lo mejor de sus recursos humanos y de sus aportes para reencauzar el rumbo que parece haber extraviado.

Los puñetazos y palazos han reemplazado de penosa manera al debate y a las propuestas que demanda la ciudadanía, de cara al crucial acto que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Llegará la sangre al río? Es de esperar que la violencia y la irracionalidad no terminen desbordándose con las peores consecuencias.

Sexo, sexualidad, eyaculación precoz

El imaginario de la emancipación (Fernando García Yapur)

Uno de los retos centrales del pensamiento de izquierda en el país y en América Latina es el referido al proyecto emancipatorio para pensar el futuro de las sociedades en el siglo XXI. Este fue el motivo de la V Conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) realizada los primero días de octubre en Cochabamba. Se tuvo la oportunidad de escuchar diversas reflexiones sobre los grandes desafíos que, países como el nuestro y del sur del globo terráqueo, requieren abordar y, asimismo, construir para el accionar de los proyectos de emancipación de la humanidad. Boaventura de Sousa Santos, propuso una interesante agenda que pasa desde visualizar el proyecto que algunos denominan como postcapitalista: la desmercantilización de las relaciones sociales y económicas, a la descolonización y democratización radical de las sociedades y estados nacionales.

En función a estos ejes giraron las reflexiones de los académicos e intelectuales reunidos a convocatoria de CLACSO. Algunos presentaron hallazgos de investigaciones en torno a procesos de ampliación de los mecanismos institucionales existentes; esto es, de las estructuras de poder que rigen a las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Otros, puntualizaron las oportunidades de los países de América Latina en cuanto a la nueva reorganización internacional a partir de la crisis climática y las tendencias del nacimiento y afirmación del multilateralismo. Por último, una reflexión, que ciertamente marco preocupaciones compartidas, se refirió al futuro de la democracia a partir de la irrupción de nuevas pautas de participación y representación política que reclaman su fijación institucional.

En todos los casos, desde mi punto de vista, el asunto giro en torno a imaginar una sustancial superación del modelo capitalista en su versión salvaje: el neoliberalismo. Más allá de regulaciones al mercado impuestas por el Estado se imagina una sociedad en la que las relaciones mercantiles hallan sus límites y frenos en procesos sociales que van a contracorriente del capitalismo, como son las formas asociativas, cooperativas y comunitarias de generación y redistribución de la riqueza. Aquí, se menciona, ocurre una virtual expansión de potenciales embriones hacia un nuevo modelo de sociedad, no en el sentido de una sustitución del capitalismo como tal; sino de una nueva forma de construcción de las relaciones sociales y económicas en las que se combinan varios o múltiples registros de generación, acumulación y distribución de riqueza. En otras palabras, se sostiene que la sociedad por venir es aquella que ya está entre nosotros y que día a día manifiesta un conjunto de dinámicas descentradas o bien disfuncionales a la lógica de reproducción irrestricta de relaciones mercantiles; y que, desde los proyectos de emancipación, precisan ser impulsados para afirmar o bien asentar en forma irreversible restricciones a la expansión ilimitada de la lógica capitalista.

En este orden de transformación se incorpora también una nueva lectura de los efectos políticos e institucionales de la composición diversa o compleja de las sociedades y, por ende, de su horizonte de visibilidad en la construcción del Estado y la democracia. De esta forma, aparece la concepción de la descolonización como un referente fuerte de los nuevos proyectos de emancipación, la misma que se relaciona a las diversas pulsiones de las sociedades por afirmar su particularidad cultural, política e institucional respecto a los centros internos y externos de poder hegemónico. La interculturalidad o bien lo que se denomina como la construcción de “sentidos comunes” o “consensus iuris” que, finalmente, son aquellas estructuras simbólicas y normativas de integración plural de las sociedades, son siempre resultados de procesos de conflicto, des-unión, de negociación de partes y, por tanto, de un por-venir siempre abierto y en tensión.

Ambas situaciones tienen efectos sobre el imaginario convencional de la democracia que, desde éstos proyectos, adquiere una nueva significación. Por un lado, se visualiza la necesidad de una ampliación de sus contornos institucionales. La democracia no sólo se limita al establecimiento de reglas y procedimientos para la formación de un gobierno de mayorías y minorías eficaces y en competencia; sino incorpora una amplia agenda de garantías de derechos individuales, sociales, colectivos y económicos que, en cada caso particular, llega a sustancializar a la forma procedimental. Por otro lado, la democracia resulta una noción inaprensible en cuanto a una realización última o final de la misma; pues su contenido simbólico: la expansión igualitaria de sus múltiples significados, esta siempre vinculada a procesos de desclasificación o bien de dislocación de las estructuras eventuales de poder y dominio, por parte de sectores y/o grupos que por una u otra razón han y son víctimas de los procesos de decisión colectiva.

Unitel: ¿Una reconciliació n con la verdad? (Soledad Antelo)

Ayer, el canal Unitel transmitió en Santa Cruz en un programa de “opinión” el resultado de las encuestas que había encargado a una consultora. Estaba a punto de castigar a esta cadena televisiva con el zapping, pero me contuve. Curiosa por saber cuán imaginativos estarían para continuar con más de lo mismo, pensé: seguro que ahora nos vienen con el cuento de que la segunda vuelta en diciembre es inminente, que Evo cae y cae y ¿Manfred y/o Samuel? suben y suben…
Pero, curiosamente, nada de eso dijeron. Dieron resultados en las mismísimas narices de don Manfred Reyes Villa. El “Bombón” tuvo que hacer mucho esfuerzo para que no se le avinagre la sonrisa artística que suele lucir en estos casos. No era para menos: los resultados parecen contravenir sus más íntimos deseos de constituirse en el líder de la oposición de derecha para los próximos cinco años.
Aceptar que Evo Morales ganaría por más de cuarenta puntos a su inmediato seguidor es admitir que la inmensa mayoría del pueblo boliviano tiene ya decidida su opción. Números más, números menos, lo cierto es que esta elección, no por el resultado predecible del 6 de diciembre, tiene una importancia fundamental para el giro que viene dando nuestro país y la región en estos últimos años.
Se trata de lograr una mayoría suficiente que permita que la nueva Constitución Política del Estado finalmente pueda traducirse en un ordenamiento legal que ponga en marcha un cambio trascendental e histórico. Entre otras, es previsible que ese nuevo ordenamiento jurídico facilite una verdadera y auténtica democratizació n de los diferentes poderes del Estado; entre ellos, el Judicial y el Electoral.
Precisamente ése es el sentido último que hay que interpretar de esta manifiesta mayoría: a pesar de un andamiaje mediático que ha procurado (y todavía procura) torcer el sentido común del ciudadano, la vitalidad de este cambio no se atenúa luego de más de tres años de gestión del Presidente Evo Morales. Por el contrario, ocurre un fenómeno político que es único en nuestro país y ejemplo para la comunidad democrática: cambios en paz, en consulta con la ciudadanía, en armonía con las reglas democráticas que el neoliberalismo, en su época de esplendor, consideraba perfectas e irrefutables.
Un confeso mirista mediocre aconsejó hace unos días favorecer a la oposición de derecha con un voto regionalizado, promoviendo el apoyo a aquellos candidatos mejor perfilados en cada departamento para evitar una apabullante derrota. Sano y diáfano consejo sería “votar por Manfred Reyes Villa en Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Pando, Santa Cruz, y Tarija; habría que votar por Samuel Doria Medina en La Paz y Oruro; y votar por René Joaquino en Potosí”; si no mediara la mezquindad de la propuesta.
Y eso es precisamente lo que quedó develado en el programa de Unitel de anoche: Manfred Reyes Villa, ungido por las malas como el líder de la oposición, no tiene ninguna propuesta que hacer al país, salvo ese leit motiv de sus mandantes: oponerse a cómo de lugar al proceso de cambio.
Razones por demás claras para una ciudadanía que día a día abre los ojos y cierra los oídos a las mentiras mediáticas. Tanto asustaron con que se anularía la propiedad privada, que Dios sería expulsado del territorio nacional, que el país se hundiría por la invasión de las “hordas masistas” y otros infundios, que ahora, por más que griten que viene el lobo, ya nadie les cree.
Quizá por ello Unitel abogue ahora por decir la verdad; el sentido común aconseja recuperar la credibilidad para cargar baterías para nuevas contiendas. Abril está próximo, y eso pesa mucho en el ánimo de una oposición que ve cómo la estrategia de regionalizar el poder para promover el enfrentamiento ya no encandila a los muchos ciudadanos que, hasta hace menos de un año, creían ingenua y firmemente en propuestas dizque autonomistas.
Dándole el beneficio de la duda a la encuesta de marras, la lectura da para pensar que es posible un triunfo del MAS IPSP en todos los departamentos del país. Que veinte senadores ya visten de azul, negro y blanco, y que cuatro más pueden ampliar esta lista. Y que podrá superarse el histórico 54% de la anterior elección…
Manfred, ¿huirás del país antes o después de conocido el escrutinio?

PS. De yapa, diré que no creo en las encuestas, ni aún cuando éstas se muestran favorables a nuestros deseos. Eso sí, tengo la certeza de que el pueblo, una vez más, las (y los) derrotará, y de lejos…

Dudosa seguridad (Claudio Rossell Arce )

HIC ET NUNC

un joven abogado que reflexiona permanentemente sobre la complejidad de la “seguridad ciudadana” en su blog (notanmalabogado.blogspot.com) señalaba que más temprano que tarde este espinoso asunto se convertiría en uno de los caballos de batalla de los frentes que participan en la liza electoral, advirtiendo que, precisamente por las características de toda campaña proselitista, el tema sería reducido a su mínima —o más visible— expresión: la delincuencia urbana, y que se pondrían a consideración del soberano soluciones de corto plazo y, en esa medida, incompletas cuando no ineficaces.

En evidente demostración de que nuestro no-tan-mal-abogado tenía razón, el Gobierno ha “sorprendido” a la población de Santa Cruz de la Sierra promulgando un decreto supremo que actualiza una medida asumida en 2005, durante el Gobierno de Carlos Mesa, y dispone la “coordinación” entre la Policía y el Ejército para tareas de seguridad ciudadana. Así, desde el viernes 6, efectivos de la Policía Militar patrullan las calles de la capital cruceña, cuya violencia ha superado hace mucho la capacidad policial; pero, ironía cruel, sólo entre las siete de la mañana y la medianoche, permitiendo que los delincuentes sigan desarrollando su innoble actividad al amparo de la oscuridad nocturna.

Previsiblemente, la medida gubernamental ha tenido dos efectos inmediatos: el primero traducido en una menor incidencia de la violencia pública durante el día y, probablemente para la población cruceña, un ligero respiro cuando no la sensación de que, al menos durante unas horas, están menos inseguros. El segundo de carácter político: ha obligado a las instituciones legales y “morales” —léase Prefectura y comité cívico— a pronunciarse en contra de una medida que supuestamente está orientada a mejorar la calidad de vida de la población.

El hecho de que las críticas opositoras sean más o menos atendibles —en la medida en que señalan que se trata de una determinación de claro tinte proselitista, además de que su eficacia es limitada por diversos factores— queda opacado por la evidencia de que estas mismas autoridades, en los tres años de gestión del gobierno departamental, no han sido capaces de trascender la retórica e implementar acciones conducentes a frenar la creciente delincuencia y violencia urbana, cuando no la han alentado.

Urge, pues, dar paso a un debate serio, desapasionado, despolitizado y, sobre todo, plural y transparente a fin de identificar con la mayor claridad posible no sólo las causas de la inseguridad ciudadana, sino sobre todo las múltiples manifestaciones de ésta, que no se limitan a la delincuencia y la violencia pública. De otro modo, toda medida de seguridad será, al menos, dudosa.

hicetnunc1@gmail.com

Titulares de La Prensa

· La propuesta de la UE sobre fallo del OEP no es factible
·
· La cuota femenina en listas electorales llega al 17,1%
·
· El MAS alista una ley de regulación urbana
·
· Políticos paceños viran y dicen Sí a la autonomía
·
· Evo ofrece mercados árabes y cementeras
·
· El MAS quiere más curules en media luna

La jurisprudencia en peligro (Luis Christian Rivas Salazar)

Se denomina jurisprudencia a las reiteradas interpretaciones que hacen los jueces y tribunales de justicia en sus resoluciones de las normas jurídicas, en casos concretos; son un conjunto de sentencias, fallos firmes y uniformes dictados por autoridades judiciales. El estudio de la jurisprudencia permite ver el paso evolutivo de la ley en el tiempo, su carácter flexible permite que la frigidez de la ley, sea interpretada por el administrador de justicia, por un ser humano.

La jurisprudencia por eso puede ser comparada con el estudio de sentencias, la jurisprudencia muestra la independencia del órgano judicial, ya que son decisiones de sus propios miembros que tiene que ser cumplidas por los otros órganos: legislativo y ejecutivo. Así esta garantizado los frenos y contrapesos, como la separación de poderes.

En Bolivia, la jurisprudencia constituye una fuente del Derecho, en el caso de la jurisprudencia constitucional que proviene del Tribunal Constitucional, esta es vinculante y obligatoria para los administradores de justicia, los gobernantes y los gobernados.

F.A. Hayek, doctor en jurisprudencia, sostenía que una sociedad libre es una sociedad que esta sometida al Derecho y no al mero capricho de un déspota o de un órgano legislativo; la misma ley emanada de una persona, o de un conjunto de personas esta sometida al Derecho, esta sociedad libre que puede llamarse Estado de Derecho, no es por si mismo una o varias leyes sino una idea jurídica metalegal, donde el derecho esta fundado en leyes generales, universales y abstractas que limiten el poder del Estado y otorguen y garanticen el respeto del individuo.

El derecho, al igual que el mercado y el lenguaje, sostiene Hayek, es coetáneo de la sociedad. Es inconcebible el surgimiento de una sociedad sin la aparición y el desarrollo de reglas de comportamiento. El Derecho en un principio era costumbre, y como el mercado, el lenguaje y otras instituciones sociales, sufre una serie de transformaciones en el tiempo que puede ser comparadas con situaciones evolutivas, las instituciones sociales que se adaptan a la realidad subsisten en tiempo y espacio. El Derecho, como el mercado, fue un consenso creciente desarrollado a partir de la acción humana pero no como el producto de un designio humano.

De igual modo, el discípulo de Popper, Hans Albert en su ensayo: “El concepto de jurisprudencia racional” trabajo ubicado en el “Tratado sobre una praxis racional”, sitúa al Derecho, como instrumento de conducción social, en una esfera semejante a la de la economía política. Al igual que Hayek, dice “que no puede existir una ciencia del derecho que sea meramente una ciencia de normas y que no considere el orden de los hechos que tiene por objetivo”.

Esto significa, que el Derecho no puede ser concebido como el mero conjunto de normas promulgadas por el legislativo, sino como el sistema de reglas en cuanto a su consistencia, modificación, complementación y desarrollo, transformaciones que se presentan como ensayo-error dentro de tribunales, todo esto pretende desconocerse, para imponer leyes y actos administrativos que fomenten arbitrarios intereses partidarios.

En el sistema anglosajón, la jurisprudencia juega el rol más importante del Derecho, a la jurisprudencia se someten gobernados y gobernantes, por eso, el sistema legal de Inglaterra, desarrollado por siglos es comprendido y admirado, el pueblo esta sometido al Derecho

Además, leyes tales como Hammurabi, Moisés, Licurgo, Solón, Justiniano, Napoleón y otros, fueron, en general, códigos, con modificaciones, de costumbres ya existentes (acción humana) y no fruto de designios humanos.

El gobierno de Evo Morales plantea eliminar la jurisprudencia construida por el Tribunal Constitucional, eliminar una década de interpretación y de fallos jurídicos constitucionales, según informa el periódico La Razón (08/11/09) la disposición final del proyecto de ley que perfila modificaciones al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y la Ley del Consejo de la Judicatura prevé: “Se deja establecido que la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional previa a la aprobación de la Constitución Política del Estado..., ha dejado de tener carácter obligatorio o vinculante para las decisiones de las autoridades judiciales”.

Esto significa que los administradores de justicia, podrán interpretar las normas a su “libre arbitrio” sin necesidad de tomar en cuenta casos y fallos similares anteriores, lo que causaría una serie de arbitrariedades en materia de garantías constitucionales, hecho propio de regímenes autocráticos.

Si mencionar, el vacío y abismo jurídico al cual se entrará y se enfrentaran los ciudadanos de este país, que no puede llamarse Estado de Derecho; con esta decisión no existirán antecedentes sobre control político por ejemplo, el gobierno no estará sometido a precedentes sobre control y limite de poder gubernamental.

Si se elimina la jurisprudencia, el Estado puede actuar a “discrecionalidad arbitraria”, y el legislativo puede promulgar leyes rígidas y especificas sin tomar en cuenta precedentes, lo que ocasionará que se burle y violen derechos humanos. Con arrogancia estuviéramos empezando desde cero.

Pero los que hasta ayer eran detractores y violadores de la ley, con los cambios legislativos, serán los mas furiosos defensores de sus leyes, despectivamente se los llamará positivistas, es decir fieles adoradores de la letra muerta y fría de la ley. Hayek solía decir que las teorías positivas del Derecho tienden a aliarse entre sí y a conferir autoridad a gobiernos de tipo autocrático. Así, por ejemplo, el estado hitleriano, ha transferido la autoridad y sometimiento de la ley a un solo hombre, en el sentido de que el poder dictatorial ha sido transferido al Führer por orden legal, los positivistas llamarían a esto, erróneamente, Estado de Derecho.